Transparencia exige al Museo Picasso Málaga la publicación de las retribuciones anuales de sus máximos responsables

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado a la Fundación Museo Picasso Málaga-Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso a publicar en su página web las retribuciones anuales de sus máximos responsables, así como su organigrama actualizado, dando cumplimiento así a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

La Fundación es una entidad de carácter privado, si bien recibe subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros, por lo que debe cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación estatal de transparencia, tal y como queda recogido en la norma.

En primer lugar, la Fundación ha de proporcionar en su página web, portal o sede electrónica las retribuciones anuales de sus máximos responsables, y si algún dato no existiera -como por ejemplo, ante el desempeño gratuito de algún cargo- deberá especificarse en el apartado correspondiente, conforme se establece en la Ley.

Por otro lado, la entidad también deberá publicar telemáticamente un organigrama actualizado con la identificación de las personas responsables de los distintos órganos, que comprenda el nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico corporativo de contacto, junto al perfil y trayectoria profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la normativa estatal de transparencia.

La información debe ser publicada de manera clara, estructurada y entendible, así como de modo comprensible y de acceso fácil. De la misma forma, atenderá al principio de veracidad, siendo “cierta y exacta”, asegurando que procede de documentos de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.

Según señala la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, desatender el requerimiento expreso del Consejo puede suponer una infracción muy grave con posibles sanciones que oscilaría desde los 30.001 euros hasta los 400.000 euros. Además, si se suministra la información incumpliendo el principio de veracidad, la multa podría alcanza los 30.000 euros, al ser considerada una infracción grave.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-denuncias/pa-2082020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Jiménez: “la inteligencia artificial es una garantía de calidad de la acción pública, pero debe atender de forma muy cuidadosa el derecho fundamental a la protección de datos”

 

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha considerado hoy la inteligencia artificial “un reto, una garantía de calidad de la acción pública, su medida diligencia, su estándar diligencia”, si bien “si no se atienden a los derechos fundamentales, entre ellos especialmente el derecho fundamental a la protección de datos personales, puede llevar a la frustración”.

Así lo ha manifestado Jiménez, quien ha participado en Alicante en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, organizado por el diario El Independiente, donde ha formado parte de un panel de expertos que ha debatido sobre la colaboración público-privada e institucional que debe existir en la inteligencia artificial para que España y Europa puedan fortalecer las redes necesarias para asegurar las posiciones europeas.

El director ha explicado que el ciudadano tiene “muchos resortes para tumbar un modelo de inteligencia artificial”, indicando que una denuncia, un tribunal y un supervisor son sus herramientas. Por ello, ha añadido que el modelo de un proyecto de inteligencia artificial “debe ser seguro, demostrar que cumple la normativa y que cuenta con una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales”.

Ha de ser explicado al ciudadano, a quien hay que trasladarle qué datos se tienen, para qué se tienen, es decir hay que rendir cuentas, exigencia contemplada en la normativa comunitaria”, ha subrayado.

Por tanto, el director del Consejo ha remarcado que “hoy día la inteligencia artificial, desde el punto de vista legal, es muy vulnerable, por lo que si no se es cuidadoso con el derecho fundamental desde todos los puntos de vista, formal y material, probablemente habrá un problema”.

Para finalizar, ha concluido señalando que “abordar proyectos de inteligencia artificial en el seno del sector público sin una estructura de protección de datos es una temeridad, es hacer vulnerable proyectos que requieren de grandes volúmenes de financiación y que van a quedar frustrados”.

El Ayuntamiento de Sevilla, obligado a facilitar información relacionada con la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar a la ‘Plataforma por una Gavidia Pública’ información sobre el número de hoteles, hostales, pisos turísticos, plazas de hospedaje de la ciudad, así como documentación relativa a Centros de Educación, de Día y de Atención a la Mujer, datos relacionados con el cambio de calificación en el PGOU de la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia.

La Asociación se dirigió al Consejo tras no obtener respuesta por parte del Consistorio, circunstancia que también se ha producido cuando la autoridad de control le ha requerido el informe y expediente de la citada petición de información. En este sentido, el Consejo subraya que “la falta de colaboración” en la tramitación de una reclamación puede constituir una infracción, tal y como queda recogido en el régimen sancionador de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

El colectivo ha solicitado al Ayuntamiento una extensa y variada información que, en su mayoría, es de carácter público. “El acceso a la información es un verdadero derecho y la denegación o limitación del acceso es una excepción”, defiende el Consejo, criterio que es compartido por los diferentes órganos jurisdiccionales, tal y como se evidencia en múltiples sentencias.

En concreto, la Plataforma ha pedido el número de hoteles, hostales, inmuebles y pisos turísticos, legalmente abiertos, en funcionamiento, proyectados, ya autorizados o en trámite de autorización o de licencias administrativas. También ha reclamado el número de plazas a efectos de hospedaje de la ciudad, el consumo de agua, electricidad, basura, vidrio, plástico, papel y cartón generado en los citados establecimientos e inmuebles. Información que solicita con especial atención al Casco Histórico.

Además, demandan el acceso al número de personas empadronadas en los distintos distritos de la ciudad, el número de vehículos registrados, así como datos del número de vehículos que circulan por la ciudad.

De otro lado, reclaman el número de Centros de Educación pública y privada, de Centros de Día de atención a personas de la tercera edad y de Centro de Atención a la Mujer, con desglose de plazas en cada uno de ellos.

Ante tan ingente cantidad de información, el Consejo puntualiza que, probablemente, toda la documentación requerida no se encuentre en poder del Ayuntamiento, sino en entidades dependientes de él. En estos casos, la Administración local remitirá la información al órgano competente, informando al solicitante de este traslado.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3812020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Jiménez: “la inteligencia artificial puede llegar a ser una garantía de calidad de la acción pública, pero debe atender de forma muy cuidadosa el derecho fundamental a la protección de datos”

 

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha considerado hoy la inteligencia artificial “un reto, puede llegar a ser una garantía de calidad de la acción pública, incluso su medida o estándar de diligencia”, si bien “si no se parte desde el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos a la protección de datos personales, la implementación de estos sistemas puede verse retrasada o frustrada.”

Así lo ha manifestado Jiménez, quien ha participado en Alicante en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, donde ha formado parte de un panel de expertos que ha debatido sobre la colaboración público-privada e institucional que debe existir en la Inteligencia Artificial para que España y Europa puedan fortalecer las redes necesarias para asegurar las posiciones europeas.

El director ha explicado que la Inteligencia Artificial ha de atender a la persona, contando con ella, para hacerla confiable. De otro modo, y particularmente en el sector público, el ciudadano tiene “muchos resortes para reaccionar frente a un modelo de inteligencia artificial”, que puede hacer valer ante un órgano jurisdiccional o ante una autoridad de control. Por ello, ha añadido que el modelo de inteligencia artificial “debe ser seguro, respetar las normas, demostrarlo, teniendo especial importancia una evaluación de impacto en la protección de datos personales identificando riesgos, para su evaluación y mitigación”.

“El modelo ha de ser explicado al ciudadano, a quien el responsable público debe trasladar qué datos suyos se tienen, para qué se tienen, cómo son tratados, que hay un sistema de Inteligencia artificial que le afecta, cómo funciona, cuál es el proceso de inferencia, cómo puede reaccionar frente a él, es decir, hay que ser transparente y rendir cuentas, exigencia que ya puede considerarse contemplada en la norma comunitaria sobre protección de datos”, ha subrayado.

Por tanto, el director del Consejo ha remarcado que, “si el sector público no es cuidadoso con el derecho fundamental en el diseño, desarrollo, adopción e implementación de sistemas o modelos de inteligencia artificial u otros sistemas que lo integren, éste será vulnerable, comprometiendo el esfuerzo tecnológico e inversor”.

Para finalizar, ha concluido resaltando que abordar proyectos de inteligencia artificial en el seno del sector público sin los recursos personales especializados, multidisciplinares y, sobre todo, sin una estructura especializada en la protección de datos, “puede impedir su implantación o continuidad, haciendo estéril una inversión considerable e impidiendo la obtención de los beneficios que la Inteligencia artificial puede aportar a la acción pública”.

 

El Consejo abre actuaciones previas por el posible acceso indebido de datos personales en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha abierto de oficio actuaciones previas para investigar el posible acceso indebido de datos personales en poder y bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

Este acuerdo de la autoridad de control andaluza tiene como objetivo determinar los hechos producidos y sus circunstancias para, si fuera conveniente, tramitar un correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales.

Los datos a los que supuestamente se habría tenido acceso, de forma no autorizada, comprenden documentación de diversa índole, desde expedientes relacionados con el Área de Urbanismo, documentos del Registro Municipal e informes de Intervención, entre otros.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

 

 

El Consejo incrementa su actividad en 2020 tras la asunción de protección de datos y supera los 1.000 asuntos registrados

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en 2020 un total de 1.030 asuntos, 627 correspondientes al Área de Transparencia y 403 al Área de Protección de Datos, un 27% más con respecto al año anterior, incremento debido en gran medida a los asuntos derivados de la asunción de competencias en materia de protección de datos.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha presentado el Informe de Actuación 2020 y ha destacado el número de reclamaciones y denuncias resueltas, un total de 655, un 5% más en relación al ejercicio anterior.

De la misma forma, ha subrayado la buena marcha del órgano en lo que va de 2021, periodo en que ya se han registrado cerca de 1.400 asuntos y se han resuelto más de 1.100 reclamaciones y denuncias, resultados de la labor consolidada por la anterior Dirección y por el esfuerzo de los empleados públicos del Consejo.

Transparencia

Por áreas, Transparencia registró 627 asuntos (545 reclamaciones, 50 denuncias y 32 consultas) resolviendo 648 reclamaciones y denuncias.

En Derecho de Acceso a la Información Pública, el perfil del reclamante correspondió en un 87% a personas físicas, siendo un 85% hombres y un 15%, mujeres, destacando la necesidad de determinar la causa de esta significativa diferencia para articular los mecanismos que permitan su corrección.

Analizando el perfil de los órganos reclamados, los entes locales aglutinaron el 48% de las reclamaciones -con Sevilla, Málaga y Cádiz a la cabeza-, seguidos de la Junta de Andalucía (46%). Las consejerías más reclamadas en la Junta fueron Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, seguida de Educación y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con respecto a las resoluciones dictadas, ascendieron a un total de 401, que resolvieron un total de 422 resoluciones, siendo un 63% favorables al ciudadano, es decir, se vio amparado su derecho a recibir la información reclamada. Las cuestiones más demandadas fueron aquellas relacionadas con personal, contratación, urbanismo, informes y funcionamiento de los órganos.

En el capítulo de Publicidad Activa se registraron un total de 50 denuncias, el 64% presentadas por personas físicas (90% hombres y 10% mujeres). De nuevo fueron las entidades locales los organismos más denunciados, con un 78% -con Sevilla y Cádiz en los primeros puestos- seguidos de la Junta de Andalucía (10%).

En cuanto a las resoluciones, se emitieron un total de 218, que resolvieron 226 denuncias de forma acumulada. Las cuestiones más denunciadas fueron la ausencia de trámite de información pública, el funcionamiento del gobierno, los altos cargos y máximos responsables y la información institucional y organizativa, entre otras.

Protección de datos

El pasado ejercicio se registraron en el Área de Protección de Datos un total de 403 asuntos, divididos en 148 reclamaciones por vulneración de la normativa (44% pertenecientes a la administración autonómica y 46% a la administración local), 114 comunicaciones de Delegados de Protección de Datos, 22 notificaciones de brechas de seguridad y 119 consultas.

En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 94% respondieron a designaciones (el 77% de la administración local y el 21% de la administración autonómica), cifra que constata que aún muchas instituciones no contaban con esta figura dentro de sus organizaciones.

En este sentido, y a cierre de ejercicio 2020, el 63% de los municipios andaluces aún no había comunicado el Delegado de Protección de Datos al Consejo. Para revertir estas cifras, el Consejo puso en marcha en 2021 una campaña informativa para aquellos ayuntamientos que aún no contaban con DPD o bien no lo habían comunicado oficialmente, con objeto de recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 59% a la administración local y el 41% a la autonómica. Con respecto a las consultas, de las 119, el 61% estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 20% con la legitimidad del tratamiento, el 8% a la responsabilidad proactiva y el 5% con el ejercicio de derechos.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional, en el ejercicio 2020 se presentaron siete nuevos recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones del Consejo. Además, los diferentes tribunales dictaron un total de 16 sentencias, la mayoría favorables a la autoridad de control. Muchos de ellos avalaron, en segunda instancia, las tesis de este organismo.

Plan Estratégico

El director ha aprovechado la comparecencia en Parlamento para informar que el Consejo está preparando su Plan Estratégico, con un horizonte de 2025 cuyo objetivo es consolidar al Consejo como “una institución abierta y cercana, que continúe tendiendo puentes de comunicación con todos nuestros interlocutores”.

Además, Jiménez ha apostado por hacer del Consejo un órgano “con destacadas exigencias en sus procedimientos y modelos de gestión”, y ello en un doble sentido. En un primer lugar, hacer visible el compromiso de la institución con la ética, la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas. En segundo lugar, tenemos la determinación de ofrecer una mejor y más rápida respuesta a los ciudadanos otorgarles mayor protección y una garantía efectiva de sus derechos”. En este ámbito tendrá especial importancia atender a aquellos obstáculos que ahora pueden impedir la igualdad en el acceso a la protección que el Consejo ofrece, ya sea de carácter tecnológico, o de otro orden.

El Plan estratégico abordará también la actuación del Consejo ante los desafíos tecnológicos y de innovación a los que se enfrenta el sector público, como garantía de calidad en la prestación de los servicios y para la realización del interés general, particularmente en caso de actuaciones automatizadas, haciendo uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Para que cumplan su objetivo final, es necesario preservar a la persona, consolidar los deberes de transparencia y y garantizar la protección de sus datos personales. En ese contexto, debemos prestar atención a la infancia, particularmente en el entorno educativo, y a las personas integradas en colectivos vulnerables.

 

 

 

 

El Consejo, nuevo miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido acreditado como nuevo miembro de la Red Iberomericana de Protección de Datos (RIPD), credencial acordada por el Comité Ejecutivo de esta institución, celebrado el pasado 8 de octubre. Este foro, surgido en 2003 y del que forman parte actores del sector público y privado, desarrolla iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos.

Su objetivo también se centra en promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales, teniendo en cuenta la necesidad del continuo flujo de datos entre países que tienen vínculos en común.

El Consejo, por tanto, ya es parte integrante de esta Red, en la que están presentes otras instituciones españolas como la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos.

A partir de ahora la autoridad de control andaluza participará en el proceso de elección de la Presidencia de la Red, aprobará la solicitud de admisión de nuevos miembros, asistirá con voz y voto a las Sesiones Cerradas que se celebren, realizando las tareas que se le encomienden, e intervendrá en encuentros, seminarios y otras actividades que se desarrollen, entre otras funciones.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Realiza tus trámites en protección de datos a través de nuestra ventanilla electrónica

 

Todos los trámites y procedimientos, en materia de protección de datos personales, ya pueden realizarse de forma telemática a través de la ventanilla electrónica del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. La ciudadanía podrá presentar electrónicamente, de forma rápida, fácil y ágil, su reclamación ante el Consejo por una posible infracción de la normativa.

Las reclamaciones que podrán cursar los ciudadanos y ciudadanas ante el Consejo serán por vulneración del ejercicio de sus derechos (acceso, rectificación, supresión -‘derecho al olvido’-, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición o no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado) y por otra vulneración de la normativa.

De la misma forma, la comunicación de la designación, cese o modificación de datos del Delegado de Protección de Datos también podrá tramitarse a partir de ahora a través de la ventanilla electrónica, así como la notificación de una brecha de seguridad de los datos personales.

Ventanilla electrónica

Jiménez defiende la transparencia como “herramienta clave” en la lucha contra la corrupción

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha defendido hoy la transparencia como «herramienta clave» en cualquier modelo de lucha contra la corrupción, añadiendo que “los espacios opacos pueden llegar a ser espacios de impunidad”.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía, en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha abordado el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, comisión en la que se han dado cita los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

Jiménez ha subrayado la “importancia” de la transparencia para acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, al tiempo que ha remarcado su “notable” contribución a su participación en los asuntos públicos.

De la misma forma, el máximo responsable del Consejo ha asegurado que la transparencia genera confianza en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la acción pública y combate la desafección ciudadana hacia las instituciones. “Permite a la ciudadanía hacer un control sobre el ejercicio del poder que ha delegado en las instituciones públicas”, ha aseverado.

Igualmente, ha remarcado que es “vital” para el control democrático, puesto que es “manifestación y requisito indispensable de los sistemas democráticos”.

En la Comisión han intervenido la Intervención General de la Junta de Andalucía; los sindicatos UGT y CC.OO; la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; Alianza contra la corrupción; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y el Consejo andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, en la sesión de mañana.

Por la tarde, han ofrecido su aportación CSIF, la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Económico y Social (CES), Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fátima Pérez Ferrer, profesora titular de Derecho Penal Almería.

 

El Consejo inicia una campaña informativa en los ayuntamientos sobre la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha iniciado una campaña informativa con aquellos ayuntamientos de Andalucía que aún no cuentan con Delegados de Protección de Datos (DPD) o bien no lo han comunicado oficialmente, para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Esta norma señala al DPD como “elemento clave” para apoyar a los responsables de tratamientos de datos personales en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, al realizar labores de asesoramiento y supervisión además de atender a las personas interesadas en relación con las cuestiones que puedan plantear sobre dichos tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Además de la designación, tanto el citado Reglamento como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales obliga a comunicar a la autoridad de control los datos de contacto del DPD, siendo en este caso el Consejo la institución a la que debe trasladarse esta información.

Para cumplir dicha obligación, la autoridad de control andaluza tiene en su página web (https://www.ctpdandalucia.es/ventanillaelectronica), a disposición de los ayuntamien­tos, un formulario que recoge los datos necesarios para el registro del DPD, así como las instrucciones para su presentación.

El órgano de control andaluz dispone, además, de una dirección de correo electrónico (registro.dpd.ctpda@juntadeandalucia.es) donde los entes locales pueden realizar consultas relacionadas con la descarga, cumplimentación o presentación del formulario.

Por otra parte, el Consejo recuerda también que el responsable del tratamiento debe publicar los datos de contacto del DPD en su página web para facilitar la realización de consultas de todas aquellas personas interesadas en obtener información sobre los tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Aunque la campaña iniciada por el Consejo está dirigida a los ayuntamientos, la obligación de disponer de DPD es extensiva, en general, a todos los responsables de tratamiento de organismos públicos y a las entidades incluidas en el artículo 34 de la mencionada Ley Orgánica.

Como resultado de esta campaña, se espera que se incremente de modo notable el porcentaje de municipios que ya han comunicado a la autoridad de control su designación de DPD y que en la actualidad es del 59%.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.