El Consejo abre actuaciones previas por el posible acceso indebido de datos personales en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha abierto de oficio actuaciones previas para investigar el posible acceso indebido de datos personales en poder y bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

Este acuerdo de la autoridad de control andaluza tiene como objetivo determinar los hechos producidos y sus circunstancias para, si fuera conveniente, tramitar un correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales.

Los datos a los que supuestamente se habría tenido acceso, de forma no autorizada, comprenden documentación de diversa índole, desde expedientes relacionados con el Área de Urbanismo, documentos del Registro Municipal e informes de Intervención, entre otros.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

 

 

El Consejo, nuevo miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido acreditado como nuevo miembro de la Red Iberomericana de Protección de Datos (RIPD), credencial acordada por el Comité Ejecutivo de esta institución, celebrado el pasado 8 de octubre. Este foro, surgido en 2003 y del que forman parte actores del sector público y privado, desarrolla iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos.

Su objetivo también se centra en promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales, teniendo en cuenta la necesidad del continuo flujo de datos entre países que tienen vínculos en común.

El Consejo, por tanto, ya es parte integrante de esta Red, en la que están presentes otras instituciones españolas como la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos.

A partir de ahora la autoridad de control andaluza participará en el proceso de elección de la Presidencia de la Red, aprobará la solicitud de admisión de nuevos miembros, asistirá con voz y voto a las Sesiones Cerradas que se celebren, realizando las tareas que se le encomienden, e intervendrá en encuentros, seminarios y otras actividades que se desarrollen, entre otras funciones.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Jiménez defiende la transparencia como “herramienta clave” en la lucha contra la corrupción

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha defendido hoy la transparencia como “herramienta clave” en cualquier modelo de lucha contra la corrupción, añadiendo que “los espacios opacos pueden llegar a ser espacios de impunidad”.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en el Parlamento de Andalucía, en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha abordado el Proyecto de Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante, comisión en la que se han dado cita los agentes económicos y sociales de la Comunidad.

Jiménez ha subrayado la “importancia” de la transparencia para acercar las Administraciones Públicas a la ciudadanía, al tiempo que ha remarcado su “notable” contribución a su participación en los asuntos públicos.

De la misma forma, el máximo responsable del Consejo ha asegurado que la transparencia genera confianza en todos los ámbitos en los que se desenvuelve la acción pública y combate la desafección ciudadana hacia las instituciones. “Permite a la ciudadanía hacer un control sobre el ejercicio del poder que ha delegado en las instituciones públicas”, ha aseverado.

Igualmente, ha remarcado que es “vital” para el control democrático, puesto que es “manifestación y requisito indispensable de los sistemas democráticos”.

En la Comisión han intervenido la Intervención General de la Junta de Andalucía; los sindicatos UGT y CC.OO; la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; Alianza contra la corrupción; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y el Consejo andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, en la sesión de mañana.

Por la tarde, han ofrecido su aportación CSIF, la Confederación de Empresarios de Andalucía, el Consejo Económico y Social (CES), Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y Fátima Pérez Ferrer, profesora titular de Derecho Penal Almería.

 

El Consejo inicia una campaña informativa en los ayuntamientos sobre la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha iniciado una campaña informativa con aquellos ayuntamientos de Andalucía que aún no cuentan con Delegados de Protección de Datos (DPD) o bien no lo han comunicado oficialmente, para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Esta norma señala al DPD como “elemento clave” para apoyar a los responsables de tratamientos de datos personales en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, al realizar labores de asesoramiento y supervisión además de atender a las personas interesadas en relación con las cuestiones que puedan plantear sobre dichos tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Además de la designación, tanto el citado Reglamento como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales obliga a comunicar a la autoridad de control los datos de contacto del DPD, siendo en este caso el Consejo la institución a la que debe trasladarse esta información.

Para cumplir dicha obligación, la autoridad de control andaluza tiene en su página web (https://www.ctpdandalucia.es/ventanillaelectronica), a disposición de los ayuntamien­tos, un formulario que recoge los datos necesarios para el registro del DPD, así como las instrucciones para su presentación.

El órgano de control andaluz dispone, además, de una dirección de correo electrónico (registro.dpd.ctpda@juntadeandalucia.es) donde los entes locales pueden realizar consultas relacionadas con la descarga, cumplimentación o presentación del formulario.

Por otra parte, el Consejo recuerda también que el responsable del tratamiento debe publicar los datos de contacto del DPD en su página web para facilitar la realización de consultas de todas aquellas personas interesadas en obtener información sobre los tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Aunque la campaña iniciada por el Consejo está dirigida a los ayuntamientos, la obligación de disponer de DPD es extensiva, en general, a todos los responsables de tratamiento de organismos públicos y a las entidades incluidas en el artículo 34 de la mencionada Ley Orgánica.

Como resultado de esta campaña, se espera que se incremente de modo notable el porcentaje de municipios que ya han comunicado a la autoridad de control su designación de DPD y que en la actualidad es del 59%.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo, Premio Nacional de Informática y Salud por su protección de los datos sanitarios en la Covid-19

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido galardonado, junto con la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos, con el Premio Nacional de Informática y Salud 2020 a la mejor iniciativa en materia de Ciberseguridad, privacidad y protección de datos en el ámbito sanitario, reconocimiento que concede anualmente la Sociedad Española de Informática de la Salud, Seis.

El galardón destaca la contribución de las autoridades de control en el tratamiento de los datos sensibles durante la pandemia del Covid-19, donde la seguridad y la privacidad de los datos ha requerido un tratamiento especial.

De la misma forma, la sociedad Seis ha subrayado el papel fundamental desarrollado por los órganos de control, así como su liderazgo, para afrontar este reto con las mayores garantías posibles y de una manera unificada.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo resuelve en el primer semestre del año cerca de 600 reclamaciones de derecho de acceso a información pública, la mayor cifra desde su creación

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha resuelto en el primer semestre del año un total de 568 reclamaciones de derecho de acceso a información pública, la mayor cifra alcanzada desde su creación en 2016. Estos datos, fruto del esfuerzo de los empleados públicos y del trabajo consolidado por la anterior Dirección, demuestran la buena marcha de la entidad.

Por lo que respecta a las reclamaciones recibidas, fueron un total de 388 en el primer semestre, concentrando en el primer trimestre 257, el mayor número de reclamaciones presentadas hasta la fecha de la constitución de la autoridad de control en los tres primeros meses del año.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante la celebración de la sesión de la Comisión Consultiva que ha analizado las cifras de ese periodo, destacando la importancia de estos dos “hitos” y el conocimiento por parte de la ciudadanía del órgano de control. En este periodo se han registrado un total de 679 asuntos y se han dictado 690 resoluciones (Derecho de acceso a la información pública, Publicidad Activa y Protección de Datos).

Con respecto a la publicidad activa, se presentaron un total de 36 denuncias, correspondiendo la mayoría a entidades locales, seguidas de universidades públicas, corporaciones de derecho público y Junta de Andalucía. En este periodo se resolvieron un total de 100 denuncias.

Protección de datos

La gestión en el primer semestre del año en protección de datos refleja la tendencia en la consolidación de la autoridad de control en esta materia, contribuyendo a ello el incremento de las reclamaciones recibidas, el aumento de comunicaciones sobre nombramiento de Delegados de Protección de Datos y el importante número de consultas.

En relación con las reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos, se han presentado un total de 75. El 30% de los casos responde a reclamaciones por inadecuada atención al ejercicio de derechos (la mayoría vinculadas a la historia clínica) y el 70% restante a otras reclamaciones (la mayor parte referida a la divulgación indebida de datos personales).

De otro lado, se resolvieron un total de 22 reclamaciones sobre ejercicio de derechos, cifra que triplicando las realizadas en el año anterior (7). La mayoría de las resoluciones son estimatorias en relación con las pretensiones de la persona reclamante.

En cuanto a las obligadas comunicaciones de Delegado de Protección de Datos, se recibieron un total de 137, lo que supuso superar en el semestre las comunicaciones del pasado año (114). Esta cifra es el resultado de la campaña informativa puesta en marcha por el Consejo entre las entidades locales para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura en su administraciones, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

De la misma forma, continúa el incremento de consultas al Consejo, de forma especialmente significada las procedentes de vía telefónica. En este periodo se atendieron un total de 144, frente a las 119 del año anterior.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El director del Consejo toma posesión de su cargo

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En la ceremonia han estado presentes el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha sido el encargado de la lectura del decreto de nombramiento, y el el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 24 de febrero, con 88 votos a favor y 14 en blanco, la designación de Jesús Jiménez como nuevo director del Consejo, votación que se llevó a cabo en urna al inicio de la sesión plenaria.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Jesús Jiménez López, nuevo director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha aprobado, con 88 votos a favor y 14 en blanco, la designación de Jesús Jiménez como nuevo director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La votación se ha llevado a cabo en urna al inicio de la sesión plenaria y horas después de su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, órgano que se ha pronunciado favorablemente sobre su idoneidad para asumir la Dirección de la institución.

La Mesa del Parlamento conoció y admitió a trámite en su sesión del pasado 17 de febrero el escrito presentado por el Grupo Popular Andaluz en el que propuso a Jesús Jiménez López como director del Consejo.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El TSJA avala el dictamen del Consejo que obliga a la Diputación de Sevilla a facilitar las asignaciones a los grupos políticos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que obliga a la Diputación Provincial de Sevilla a facilitar las asignaciones económicas otorgadas a los grupos políticos durante los años 2015, 2016 y 2017, así como la justificación con las facturas incluidas.

El Alto tribunal ha compartido los argumentos de la autoridad de control y ha remarcado que los grupos políticos forman parte de la organización de la entidad local, por lo que es Diputación la que debe atender la petición de información, recabarla de las formaciones y ponerla a disposición del interesado (previa anonimización de los datos de carácter personal).

De esta forma, el TSJA rechaza la alegación esgrimida por la Diputación, que aseguraba que “no estaba en posesión de los documentos solicitados,” y subraya que las solicitudes de información “no pueden dirigirse a los grupos políticos -que carecen de personalidad jurídica independiente-, sino al ente local que tiene a su disposición los datos relativos a la dotación económica de las citadas formaciones”.

“Se trata de información relevante para la finalidad de la transparencia, permitiendo con ello que el ciudadano pueda controlar los gastos realizados con dinero público”, recoge la sentencia del TSJA, argumento que defiende el Consejo en su resolución al entender que “la información solicitada es de carácter público”.

La Diputación de Sevilla acudió a la Justicia, disconforme con la resolución del Consejo, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla, que conoció en primera instancia, respaldó la resolución del Consejo, considerando que “el ciudadano tenía derecho de acceder a la citada información” y añadiendo que la Diputación no podía denegar una información “bajo el pretexto de no haber hecho uso de su potestad para recabarla de los grupos políticos”.

La Diputación, tras mostrar también desacuerdo con la mencionada sentencia del Contencioso, apeló al TSJA, tribunal que ha fallado de nuevo a favor del Consejo haciendo suyos los razonamientos expuestos en la resolución y obligándola a cumplir las exigencias esenciales y básicas derivadas de la legislación de transparencia.

Consulta la resolución recurrida: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-212019

Consulta la sentencia del TSJA: https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/recursos-judiciales/ST%20fav%20TSJA%20Apelaci%C3%B3n.%20Anonimizada.pdf

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

La Diputación de Málaga, obligada a facilitar las dotaciones económicas otorgadas a los grupos políticos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado a la Diputación Provincial de Málaga a facilitar las dotaciones económicas anuales otorgadas a los grupos políticos, con la justificación y las facturas incluidas del destino del dinero público percibido, así como el documento que acredite la entrega de esta asignación a cada formación.

La información de naturaleza económica tiene una “innegable” relevancia pública y es “incuestionable” que todo lo relativo a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos es eje central de la legislación en materia de transparencia. “Resulta del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos relativos a las decisiones de gasto tomadas por las administraciones”, subraya la autoridad de control andaluza.

Además, las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos se consideran obligaciones de publicidad activa, puesto que se identifican como subvenciones, por lo que han de publicarse en la sede electrónica, portal o página web de cada entidad local. No obstante, cualquier ciudadano puede solicitar esa información o bien una ampliación de la misma ejerciendo su derecho de acceso, como ha sucedido en este caso.

Una persona reclamó las cantidades percibidas por cada grupo desde 2015 a 2019, de modo que la Diputación -que no alegó ningún límite ni inadmisión para no entregar la información- debe facilitarle los datos sobre tales cantidades que tenga almacenados en sus archivos informatizados, previa anonimización de los datos de carácter personal de terceras personas físicas que pudiera contener la documentación.

En relación al desglose anual del gasto y su justificación, con facturas incluidas, el Consejo rechaza el argumento de Diputación que remite al Tribunal de Cuentas la obligación de proporcionar la información. Las entidades supramunicipales, que integran la Administración local, están incluidas en la Ley de Transparencia y tienen la obligación de facilitar la información que obre en su poder.

De la misma forma, el Consejo remarca que los grupos políticos no son entidades independientes de las diputaciones, no cuentan con personalidad jurídica propia, sino que son integrantes de la propia organización de la entidad local y, por tanto, corresponde a la Diputación atender la petición de información.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3792020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.