El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha registrado en el cuarto trimestre del año un total de 319 asuntos (188 del Área de Transparencia y 131 de Protección de Datos) y ha dictado 262 resoluciones, datos que se han dado a conocer hoy en la sesión de la Comisión Consultiva del órgano reunida hoy en Sevilla.

En el Área de Transparencia, en relación a las reclamaciones, se recibieron un total de 171, alcanzando el total acumulado en el año las 737 reclamaciones, dato superior en un 30% a las recibidas durante el año 2020.

Por otro lado, se dictaron un total de 233 resoluciones, el doble que el mismo trimestre del año anterior (117). El total acumulado durante 2021 alcanza las 1030 reclamaciones resueltas, más del doble que las resueltas durante todo el año 2020 (422). El 50% de las resoluciones fueron estimatorias totales o parciales, y solo un 6,2% fueron desestimatorias de las pretensiones del reclamante.

Respecto a los procedimientos incoados para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de Publicidad Activa, un total de 17, la cifra fue similar a la del trimestre anterior, alcanzando un total de 76 durante 2021, frente a las 50 que se recibieron en 2020. En el mismo período se resolvieron 24 procedimientos, alcanzando la cifra de 146 con datos acumulados de 2021. De los procedimientos resueltos, un 50% declararon la necesidad de subsanar un incumplimiento de publicidad activa y un 50% fueron archivadas.

Protección de Datos

Lo datos del cuarto trimestre presentan un ligero aumento con respecto a los datos presentados el trimestre anterior aunque con diferencias en las tendencias. Se observa un crecimiento sostenido de los expedientes de reclamaciones y se estabilizan con pequeñas fluctuaciones los expedientes de comunicaciones de DPD, las consultas recibidas y las notificaciones sobre brechas de seguridad.

En relación a los expedientes de Reclamaciones (49), destacar que un 28% ha correspondido a reclamaciones por inadecuada atención al ejercicio de derechos (RCE) y en un 71% a reclamaciones por otra vulneración de la normativa en materia de protección de datos personales (RCO).

Las comunicaciones sobre designaciones de DPD (34) corresponden principalmente a las Administraciones Locales con casi un 65%, llegando casi al 77% si tenemos en cuenta las comunicaciones correspondientes a las entidades dependientes de las administraciones locales.

En relación con las notificaciones recibidas sobre brechas de seguridad (11) se aprecia en este trimestre un aumento respecto a los datos del trimestre anterior. Resaltar que en conjunto en el año 2021 se ha superado en casi un 15% a las recibidas en el año 2020.

Se continúa atendiendo un importante volumen de consultas, en mayor porcentaje se realizan de modo telefónico y presencial (el 67% del total). La mayoría de ellas versa sobre dudas en la tramitación de los expedientes, información a los interesados/as y sobre designaciones de DPD. Es interesante destacar que en las consultas sobre el Ejercicio de Derechos las más numerosas se corresponden con el ejercicio del derecho de supresión («el derecho al olvido»).

 

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía conmemora este 2022 el Día Internacional de la Protección de Datos con una campaña en Redes Sociales (Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter e Instagram) que pretende concienciar a la ciudadanía sobre el alcance de su derecho fundamental a la protección de datos personales y sobre cómo ejercerlo, cuando éste no es atendido.

En un total de tres vídeos se recrean situaciones en las que los datos personales de los ciudadanos son habitualmente tratados, como por ejemplo en un ayuntamiento, en un colegio, en un centro de salud, en la Universidad o en una oficina municipal. Bajo el lema ‘Detrás de los datos hay una vida. Hay muchas vidas’, la autoridad de control lanza el siguiente mensaje: “Cuando la Administración trata tus datos personales, la Ley te protege, el Delegado de Protección de Datos te ayuda y el Consejo te defiende”.

El Consejo es el supervisor del sector público autonómico en materia de Protección de Datos y el encargado de tutelar a la ciudadanía en el derecho fundamental a la protección de sus datos. Vigila el cumplimiento de la Ley por las Administraciones Públicas, en el uso de los datos personales. Y conciencia a la ciudadanía sobre el alcance de sus derechos y cómo ejercerlos, cuando estos no son atendidos.

Accede a los vídeos en este enlace: https://www.ctpdandalucia.es/te-ayudamos/aprende-con-nosotros/videos

 

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía registró en 2020 un total de 1.030 asuntos, 627 correspondientes al Área de Transparencia y 403 al Área de Protección de Datos, un 27% más con respecto al año anterior, incremento debido en gran medida a los asuntos derivados de la asunción de competencias en materia de protección de datos.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante su comparecencia parlamentaria en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, donde ha presentado el Informe de Actuación 2020 y ha destacado el número de reclamaciones y denuncias resueltas, un total de 655, un 5% más en relación al ejercicio anterior.

De la misma forma, ha subrayado la buena marcha del órgano en lo que va de 2021, periodo en que ya se han registrado cerca de 1.400 asuntos y se han resuelto más de 1.100 reclamaciones y denuncias, resultados de la labor consolidada por la anterior Dirección y por el esfuerzo de los empleados públicos del Consejo.

Transparencia

Por áreas, Transparencia registró 627 asuntos (545 reclamaciones, 50 denuncias y 32 consultas) resolviendo 648 reclamaciones y denuncias.

En Derecho de Acceso a la Información Pública, el perfil del reclamante correspondió en un 87% a personas físicas, siendo un 85% hombres y un 15%, mujeres, destacando la necesidad de determinar la causa de esta significativa diferencia para articular los mecanismos que permitan su corrección.

Analizando el perfil de los órganos reclamados, los entes locales aglutinaron el 48% de las reclamaciones -con Sevilla, Málaga y Cádiz a la cabeza-, seguidos de la Junta de Andalucía (46%). Las consejerías más reclamadas en la Junta fueron Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, seguida de Educación y Deporte, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Con respecto a las resoluciones dictadas, ascendieron a un total de 401, que resolvieron un total de 422 resoluciones, siendo un 63% favorables al ciudadano, es decir, se vio amparado su derecho a recibir la información reclamada. Las cuestiones más demandadas fueron aquellas relacionadas con personal, contratación, urbanismo, informes y funcionamiento de los órganos.

En el capítulo de Publicidad Activa se registraron un total de 50 denuncias, el 64% presentadas por personas físicas (90% hombres y 10% mujeres). De nuevo fueron las entidades locales los organismos más denunciados, con un 78% -con Sevilla y Cádiz en los primeros puestos- seguidos de la Junta de Andalucía (10%).

En cuanto a las resoluciones, se emitieron un total de 218, que resolvieron 226 denuncias de forma acumulada. Las cuestiones más denunciadas fueron la ausencia de trámite de información pública, el funcionamiento del gobierno, los altos cargos y máximos responsables y la información institucional y organizativa, entre otras.

Protección de datos

El pasado ejercicio se registraron en el Área de Protección de Datos un total de 403 asuntos, divididos en 148 reclamaciones por vulneración de la normativa (44% pertenecientes a la administración autonómica y 46% a la administración local), 114 comunicaciones de Delegados de Protección de Datos, 22 notificaciones de brechas de seguridad y 119 consultas.

En relación a las comunicaciones relativas a Delegados de Protección de Datos, un 94% respondieron a designaciones (el 77% de la administración local y el 21% de la administración autonómica), cifra que constata que aún muchas instituciones no contaban con esta figura dentro de sus organizaciones.

En este sentido, y a cierre de ejercicio 2020, el 63% de los municipios andaluces aún no había comunicado el Delegado de Protección de Datos al Consejo. Para revertir estas cifras, el Consejo puso en marcha en 2021 una campaña informativa para aquellos ayuntamientos que aún no contaban con DPD o bien no lo habían comunicado oficialmente, con objeto de recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Las notificaciones de brechas de seguridad correspondieron un 59% a la administración local y el 41% a la autonómica. Con respecto a las consultas, de las 119, el 61% estuvieron relacionadas con la autoridad de control, el 20% con la legitimidad del tratamiento, el 8% a la responsabilidad proactiva y el 5% con el ejercicio de derechos.

Por lo que respecta a la actividad jurisdiccional, en el ejercicio 2020 se presentaron siete nuevos recursos contenciosos-administrativos contra resoluciones del Consejo. Además, los diferentes tribunales dictaron un total de 16 sentencias, la mayoría favorables a la autoridad de control. Muchos de ellos avalaron, en segunda instancia, las tesis de este organismo.

Plan Estratégico

El director ha aprovechado la comparecencia en Parlamento para informar que el Consejo está preparando su Plan Estratégico, con un horizonte de 2025 cuyo objetivo es consolidar al Consejo como “una institución abierta y cercana, que continúe tendiendo puentes de comunicación con todos nuestros interlocutores”.

Además, Jiménez ha apostado por hacer del Consejo un órgano “con destacadas exigencias en sus procedimientos y modelos de gestión”, y ello en un doble sentido. En un primer lugar, hacer visible el compromiso de la institución con la ética, la transparencia, la integridad pública y la rendición de cuentas. En segundo lugar, tenemos la determinación de ofrecer una mejor y más rápida respuesta a los ciudadanos otorgarles mayor protección y una garantía efectiva de sus derechos”. En este ámbito tendrá especial importancia atender a aquellos obstáculos que ahora pueden impedir la igualdad en el acceso a la protección que el Consejo ofrece, ya sea de carácter tecnológico, o de otro orden.

El Plan estratégico abordará también la actuación del Consejo ante los desafíos tecnológicos y de innovación a los que se enfrenta el sector público, como garantía de calidad en la prestación de los servicios y para la realización del interés general, particularmente en caso de actuaciones automatizadas, haciendo uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Para que cumplan su objetivo final, es necesario preservar a la persona, consolidar los deberes de transparencia y y garantizar la protección de sus datos personales. En ese contexto, debemos prestar atención a la infancia, particularmente en el entorno educativo, y a las personas integradas en colectivos vulnerables.

 

 

 

 

 

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha considerado hoy la inteligencia artificial “un reto, una garantía de calidad de la acción pública, su medida diligencia, su estándar diligencia”, si bien “si no se atienden a los derechos fundamentales, entre ellos especialmente el derecho fundamental a la protección de datos personales, puede llevar a la frustración”.

Así lo ha manifestado Jiménez, quien ha participado en Alicante en el IV Congreso Internacional de Inteligencia Artificial, organizado por el diario El Independiente, donde ha formado parte de un panel de expertos que ha debatido sobre la colaboración público-privada e institucional que debe existir en la inteligencia artificial para que España y Europa puedan fortalecer las redes necesarias para asegurar las posiciones europeas.

El director ha explicado que el ciudadano tiene “muchos resortes para tumbar un modelo de inteligencia artificial”, indicando que una denuncia, un tribunal y un supervisor son sus herramientas. Por ello, ha añadido que el modelo de un proyecto de inteligencia artificial “debe ser seguro, demostrar que cumple la normativa y que cuenta con una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales”.

“Ha de ser explicado al ciudadano, a quien hay que trasladarle qué datos se tienen, para qué se tienen, es decir hay que rendir cuentas, exigencia contemplada en la normativa comunitaria”, ha subrayado.

Por tanto, el director del Consejo ha remarcado que “hoy día la inteligencia artificial, desde el punto de vista legal, es muy vulnerable, por lo que si no se es cuidadoso con el derecho fundamental desde todos los puntos de vista, formal y material, probablemente habrá un problema”.

Para finalizar, ha concluido señalando que “abordar proyectos de inteligencia artificial en el seno del sector público sin una estructura de protección de datos es una temeridad, es hacer vulnerable proyectos que requieren de grandes volúmenes de financiación y que van a quedar frustrados”.