El Consejo conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber con la campaña ‘La información a la vista de todo el mundo’

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía conmemora este 2021 el ‘Día Internacional del Derecho a Saber’ con una campaña institucional que, bajo el eslogan ‘La información a la vista de todo el mundo’, pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de ejercer su derecho de acceso a la información pública.

La campaña, que se va a difundir en las redes sociales, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento que la ciudadanía tiene del Consejo, la autoridad independiente de control encargada de velar por el cumplimiento del acceso de la información.

A través de tres ejemplos prácticos relacionados con las asignaciones de los grupos políticos, con el presupuesto de las administraciones locales y con las subvenciones públicas a las actividades deportivas, la campaña pone el foco en el derecho ciudadano a solicitar información a las Administraciones Públicas.

Una vez solicitada la información pública, y en el supuesto de no ser atendida la petición o bien no facilitada la información íntegramente, el ciudadano puede acudir al Consejo y presentar una reclamación. El órgano de control emitirá una resolución en la que decidirá si el ciudadano tiene derecho a obtener la información reclamada. El Consejo, por tanto, vela por salvaguardar y custodiar el derecho del ciudadano, cuando no han sido considerado o cuando ha sido vulnerado.

Esta campaña reforzará el conocimiento que ya tienen los andaluces y andaluzas del organismo y fortalecerán la imagen de profesionalidad, cercanía y responsabilidad que caracteriza a la institución, entidad cuyo eje de actuación principal es la protección al ciudadano.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El director del Consejo participa en el VI Congreso Internacional de Transparencia

 

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, ha participado en el VI Congreso Internacional de Transparencia, foro que ha reunido a académicos, expertos, asociaciones y autoridades de control, los que han tenido la oportunidad de debatir y abordar los retos, avances y perspectivas de futuro de la transparencia y el derecho a saber en España y en las Comunidades Autónomas, así como la participación, la gestión pública responsable, la regulación de los lobbies o la integridad pública.

Jiménez, junto con los representantes de los órganos con funciones de garantía del derecho a la información, han suscrito una Declaración Institucional con motivo del Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Declaración de Alicante:

Con ocasión de una nueva edición, la 6ª, del Congreso Internacional de Transparencia, y en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber, las y los representantes de los órganos de garantía de la transparencia en el Estado español, agrupados en la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, queremos formular una declaración institucional llamada a promover e impulsar la transparencia y el acceso a la información pública.

Desde la Red de Consejos y Comisionados agradecemos a los organizadores de este Congreso vuestra labor en la defensa de la transparencia y en la formación de una ciudadanía exigente y libre que reclama saber, conocer, entender. Sois, por tanto, un aliado para dar un nuevo impulso a la cultura de la transparencia. Igualmente, jugáis un papel significativo en la consolidación y difusión de los criterios técnicos jurídicos que emanan de la doctrina asentada durante todos estos años de trabajo.

Eventos de esta magnitud contribuyen a la consolidación institucional, tanto de la propia Administración, -puesto que sus estructuras se encuentran al servicio de la transparencia-, como de la construcción del modelo de autoridades independientes de control.

Las tres declaraciones institucionales precedentes -Cádiz, Málaga y UNED- contenían esencialmente dos peticiones a los gobiernos, las autoridades públicas y los responsables políticos: la demanda de un impulso intenso y decidido a la implantación real y efectiva de la transparencia en el ámbito de nuestras administraciones e instituciones públicas y la solicitud de una dotación suficiente de medios a los Consejos y Comisionados para que pudieran ejercer sus competencias de forma plena.

Es evidente que, en los últimos tiempos, tanto el Gobierno del Estado como los autonómicos han desplegado medidas de calado en materia de transparencia e información pública.

Así, por ejemplo, la presencia de la transparencia y el derecho a la información pública en el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto del Estado español o las diversas reformas y modificaciones en curso de varias leyes autonómicas de transparencia respecto de la publicidad activa de las ayudas derivadas de los Fondos Next Generation de la Unión Europea. En el ámbito de los Consejos e instituciones garantes también ha habido cambios, muchos de ellos significativos.

En 2021, además de la continuidad en la tramitación de algunas iniciativas normativas de importancia como la reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad valenciana -que incorpora una importante modificación institucional del Consell de Transparencia-, se ha producido la renovación de la Dirección del Consejo de Transparencia de Andalucía y de la Presidencia de la Comisión vasca de Acceso a la Información.

En los últimos meses de 2020 se produjo la renovación de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, así como la designación del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

Pero es cierto que, junto con las medidas relacionadas con la organización y la continuidad de las instituciones -que, por supuesto, merecen una valoración positiva-, es necesario acometer también otras cuestiones y aspectos sustanciales.

Los Consejos y Comisionados precisamos, cada uno con diferente intensidad, de recursos para ejercer nuestras funciones de garantía y para poder defender la posición ante los tribunales frente a administraciones muy consolidadas. Esta dotación respaldaría nuestra labor realizada para la consolidación de la transparencia y el avance del derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas.

Nuestra principal función es hallar, a partir de consideraciones y criterios jurídicos, el siempre difícil equilibrio entre las exigencias de la gestión pública, destinada a responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de la sociedad, y el derecho de la ciudadanía a conocer los pormenores de la actuación administrativa y los motivos que la justifican.

En este sentido, en la medida en que contribuye a delimitar espacios y a definir soluciones de síntesis entre las necesidades de la acción administrativa y el respeto irrenunciable a los derechos ciudadanos, no cabe duda de que la labor de los órganos garantes constituye una actividad sustancial para el progreso de la transparencia y el acceso a la información.

Esta labor de síntesis y balance -es decir de ponderación de intereses contrapuestos- que realizamos los Consejos y Comisionados ha adquirido, además, un significado especial en un momento como el presente, en el que seguimos inmersos en la pandemia derivada de la COVID-19.

Esta pandemia ha traído consigo una serie de decisiones que deben ser explicadas y puestas en transparencia en la mayor medida de lo posible para ser aceptadas plenamente por la ciudadanía.

La sociedad demanda de los poderes públicos, cada vez con mayor insistencia, el suministro de información veraz y completa sobre la marcha de la pandemia. Esta creciente demanda de información pone en tensión dos bienes jurídicos a proteger: por un lado, la eficacia de la actuación de las Administraciones Públicas en supuestos de riesgo para la salud pública, que necesita de cautelas y precauciones especiales y extraordinarias; por otro, el derecho acuciante de los ciudadanos a estar informados de la gestión de la pandemia y el deber de rendir cuentas de la actuación pública en una situación tan relevante como ésta.

Esta tensión entre la gestión eficiente de la crisis sanitaria y el suministro de información de interés general debe ser compensada, encontrando el equilibrio entre el derecho de la ciudadanía a conocer y controlar la actuación pública contra la pandemia, y la necesidad de la administración de actuar de forma ágil y eficiente en la adopción de las medidas necesarias para su contención. Y en la determinación del difícil equilibrio entre ambos, los Consejos y Comisionados de Transparencia estamos llamados a jugar -y hemos jugado- un papel destacado.

De hecho, a lo largo de este período de pandemia, los organismos e instituciones garantes de todo el mundo, a través de las organizaciones que los nuclean, hemos realizado numerosas declaraciones y manifestaciones que insisten en dos aspectos que, a nuestro juicio, resultan trascendentes en la actividad que desarrollamos.

Primero, en la importancia esencial de garantizar el ejercicio del derecho a la información sin desconocer las necesidades de eficiencia y flexibilidad de las Administraciones encargadas de combatir la pandemia y sus consecuencias y, en segundo lugar, en el papel crucial que podemos jugar las instituciones de garantía para la consecución de este objetivo.

Así mismo, en la parte más académica de este Congreso, los responsables de los órganos garantes hemos tenido ocasión de glosar algunas de las decisiones relacionadas con información vinculada a la Covid 19 y a la administración de la crisis sanitaria que hemos adoptado en este tiempo de pandemia.

En este sentido, es importante subrayar la labor de los Consejos y Comisionados de Transparencia durante la pandemia, pero también antes y después de la misma.

Hemos venido adoptando, desde el inicio de nuestra actividad, resoluciones y acuerdos que armonizan intereses contrapuestos y resuelven los conflictos jurídicos suscitados entre las necesidades de gestión de los órganos y entidades sometidos a su jurisdicción y el derecho de los ciudadanos y las ciudadanos a estar informados, Nuestras resoluciones han demostrado que es posible abrir espacios de transparencia en sectores de actividad tradicionalmente cerrados y poco afectos a los despliegues informativos, haciendo visibles algunos de los cauces y caminos a través de los que, dentro del ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, es posible garantizar el conocimiento informado de la ciudadanía y avanzar en la rendición de cuentas.

El acervo de resoluciones y decisiones de los Consejos y Comisionados constituye la mejor prueba en este sentido y compone un corpus de doctrina jurídica estudiado por los especialistas tanto de los medios universitarios como de la sociedad civil, que invitamos a consultar a todos los y las participantes de este 6º Congreso de Transparencia.

Los Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado Español jugamos un papel esencial en la interpretación y aplicación práctica y en la función de garantía de los derechos ciudadanos.

Es necesario, por tanto, valorar la importancia de la función de los órganos garantes para la implantación de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras administraciones e instituciones públicas y para el avance del derecho de acceso a la información pública en todos los sectores de nuestra sociedad.

Es conveniente una afirmación de nuestra labor ante las autoridades y órganos responsables de gestionar la publicidad activa y el acceso de la ciudadanía a la información en todos los niveles territoriales y una sensibilización específica a los funcionarios y empleados adscritos respecto de su necesidad e importancia de la misma. Y también oportuno una dotación adecuada de recursos humanos y materiales que nos permita desempeñar plenamente nuestras funciones.

Ello lleva aparejado un efecto positivo indudable en el aumento de la transparencia de las Administraciones Públicas y en la seguridad de su gestión.

De otro lado, un aspecto que debe ser explorado radica en la implantación de herramientas de arbitraje o mediación en nuestra gestión, instrumentos que se muestran valiosos y eficaces para la resolución de conflictos entre partes y que aligeran, en parte, nuestra ingente carga de trabajo.

Además, necesitamos la ayuda de todos los actores del ecosistema de la transparencia para poner en marcha todo tipo de acciones que fortalezcan el papel de la mujer en el sistema de transparencia, puesto que existe un desequilibrio de género importante en la presentación de reclamaciones y denuncias. Debemos trabajar en la participación plena de las mujeres en los procesos de transparencia, una herramienta que sin duda fomenta la igualdad.

Por tanto, la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia del Estado español, a través de esta declaración pública formulada en Alicante en el marco del 6º Congreso Internacional de Transparencia, solicitamos de los Gobiernos y Autoridades de todos los ámbitos de Administración, de los representantes políticos nacionales, autonómicos o locales y de todas las organizaciones y fuerzas políticas, así como a la comunidad científica, un apoyo explícito a los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública para continuar avanzando en la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, acorde con el nuevo escenario y las nuevas exigencias.

 

 

 

 

El director del Consejo toma posesión de su cargo

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez López, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En la ceremonia han estado presentes el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien ha sido el encargado de la lectura del decreto de nombramiento, y el el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo.

El Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 24 de febrero, con 88 votos a favor y 14 en blanco, la designación de Jesús Jiménez como nuevo director del Consejo, votación que se llevó a cabo en urna al inicio de la sesión plenaria.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Jesús Jiménez López, nuevo director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha aprobado, con 88 votos a favor y 14 en blanco, la designación de Jesús Jiménez como nuevo director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La votación se ha llevado a cabo en urna al inicio de la sesión plenaria y horas después de su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo y Peticiones, órgano que se ha pronunciado favorablemente sobre su idoneidad para asumir la Dirección de la institución.

La Mesa del Parlamento conoció y admitió a trámite en su sesión del pasado 17 de febrero el escrito presentado por el Grupo Popular Andaluz en el que propuso a Jesús Jiménez López como director del Consejo.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El TSJA avala el dictamen del Consejo que obliga a la Diputación de Sevilla a facilitar las asignaciones a los grupos políticos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que obliga a la Diputación Provincial de Sevilla a facilitar las asignaciones económicas otorgadas a los grupos políticos durante los años 2015, 2016 y 2017, así como la justificación con las facturas incluidas.

El Alto tribunal ha compartido los argumentos de la autoridad de control y ha remarcado que los grupos políticos forman parte de la organización de la entidad local, por lo que es Diputación la que debe atender la petición de información, recabarla de las formaciones y ponerla a disposición del interesado (previa anonimización de los datos de carácter personal).

De esta forma, el TSJA rechaza la alegación esgrimida por la Diputación, que aseguraba que “no estaba en posesión de los documentos solicitados,” y subraya que las solicitudes de información “no pueden dirigirse a los grupos políticos -que carecen de personalidad jurídica independiente-, sino al ente local que tiene a su disposición los datos relativos a la dotación económica de las citadas formaciones”.

“Se trata de información relevante para la finalidad de la transparencia, permitiendo con ello que el ciudadano pueda controlar los gastos realizados con dinero público”, recoge la sentencia del TSJA, argumento que defiende el Consejo en su resolución al entender que “la información solicitada es de carácter público”.

La Diputación de Sevilla acudió a la Justicia, disconforme con la resolución del Consejo, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla, que conoció en primera instancia, respaldó la resolución del Consejo, considerando que “el ciudadano tenía derecho de acceder a la citada información” y añadiendo que la Diputación no podía denegar una información “bajo el pretexto de no haber hecho uso de su potestad para recabarla de los grupos políticos”.

La Diputación, tras mostrar también desacuerdo con la mencionada sentencia del Contencioso, apeló al TSJA, tribunal que ha fallado de nuevo a favor del Consejo haciendo suyos los razonamientos expuestos en la resolución y obligándola a cumplir las exigencias esenciales y básicas derivadas de la legislación de transparencia.

Consulta la resolución recurrida: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-212019

Consulta la sentencia del TSJA: https://www.ctpdandalucia.es/sites/default/files/recursos-judiciales/ST%20fav%20TSJA%20Apelaci%C3%B3n.%20Anonimizada.pdf

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

La Diputación de Málaga, obligada a facilitar las dotaciones económicas otorgadas a los grupos políticos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado a la Diputación Provincial de Málaga a facilitar las dotaciones económicas anuales otorgadas a los grupos políticos, con la justificación y las facturas incluidas del destino del dinero público percibido, así como el documento que acredite la entrega de esta asignación a cada formación.

La información de naturaleza económica tiene una “innegable” relevancia pública y es “incuestionable” que todo lo relativo a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos es eje central de la legislación en materia de transparencia. “Resulta del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos relativos a las decisiones de gasto tomadas por las administraciones”, subraya la autoridad de control andaluza.

Además, las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos se consideran obligaciones de publicidad activa, puesto que se identifican como subvenciones, por lo que han de publicarse en la sede electrónica, portal o página web de cada entidad local. No obstante, cualquier ciudadano puede solicitar esa información o bien una ampliación de la misma ejerciendo su derecho de acceso, como ha sucedido en este caso.

Una persona reclamó las cantidades percibidas por cada grupo desde 2015 a 2019, de modo que la Diputación -que no alegó ningún límite ni inadmisión para no entregar la información- debe facilitarle los datos sobre tales cantidades que tenga almacenados en sus archivos informatizados, previa anonimización de los datos de carácter personal de terceras personas físicas que pudiera contener la documentación.

En relación al desglose anual del gasto y su justificación, con facturas incluidas, el Consejo rechaza el argumento de Diputación que remite al Tribunal de Cuentas la obligación de proporcionar la información. Las entidades supramunicipales, que integran la Administración local, están incluidas en la Ley de Transparencia y tienen la obligación de facilitar la información que obre en su poder.

De la misma forma, el Consejo remarca que los grupos políticos no son entidades independientes de las diputaciones, no cuentan con personalidad jurídica propia, sino que son integrantes de la propia organización de la entidad local y, por tanto, corresponde a la Diputación atender la petición de información.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3792020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

Transparencia exige al Museo Picasso Málaga la publicación de las retribuciones anuales de sus máximos responsables

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha instado a la Fundación Museo Picasso Málaga-Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso a publicar en su página web las retribuciones anuales de sus máximos responsables, así como su organigrama actualizado, dando cumplimiento así a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).

La Fundación es una entidad de carácter privado, si bien recibe subvenciones públicas superiores a los 100.000 euros, por lo que debe cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación estatal de transparencia, tal y como queda recogido en la norma.

En primer lugar, la Fundación ha de proporcionar en su página web, portal o sede electrónica las retribuciones anuales de sus máximos responsables, y si algún dato no existiera -como por ejemplo, ante el desempeño gratuito de algún cargo- deberá especificarse en el apartado correspondiente, conforme se establece en la Ley.

Por otro lado, la entidad también deberá publicar telemáticamente un organigrama actualizado con la identificación de las personas responsables de los distintos órganos, que comprenda el nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico corporativo de contacto, junto al perfil y trayectoria profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la normativa estatal de transparencia.

La información debe ser publicada de manera clara, estructurada y entendible, así como de modo comprensible y de acceso fácil. De la misma forma, atenderá al principio de veracidad, siendo “cierta y exacta”, asegurando que procede de documentos de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad.

Según señala la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, desatender el requerimiento expreso del Consejo puede suponer una infracción muy grave con posibles sanciones que oscilaría desde los 30.001 euros hasta los 400.000 euros. Además, si se suministra la información incumpliendo el principio de veracidad, la multa podría alcanza los 30.000 euros, al ser considerada una infracción grave.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-denuncias/pa-2082020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Ayuntamiento de Sevilla, obligado a facilitar información relacionada con la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar a la ‘Plataforma por una Gavidia Pública’ información sobre el número de hoteles, hostales, pisos turísticos, plazas de hospedaje de la ciudad, así como documentación relativa a Centros de Educación, de Día y de Atención a la Mujer, datos relacionados con el cambio de calificación en el PGOU de la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia.

La Asociación se dirigió al Consejo tras no obtener respuesta por parte del Consistorio, circunstancia que también se ha producido cuando la autoridad de control le ha requerido el informe y expediente de la citada petición de información. En este sentido, el Consejo subraya que “la falta de colaboración” en la tramitación de una reclamación puede constituir una infracción, tal y como queda recogido en el régimen sancionador de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

El colectivo ha solicitado al Ayuntamiento una extensa y variada información que, en su mayoría, es de carácter público. “El acceso a la información es un verdadero derecho y la denegación o limitación del acceso es una excepción”, defiende el Consejo, criterio que es compartido por los diferentes órganos jurisdiccionales, tal y como se evidencia en múltiples sentencias.

En concreto, la Plataforma ha pedido el número de hoteles, hostales, inmuebles y pisos turísticos, legalmente abiertos, en funcionamiento, proyectados, ya autorizados o en trámite de autorización o de licencias administrativas. También ha reclamado el número de plazas a efectos de hospedaje de la ciudad, el consumo de agua, electricidad, basura, vidrio, plástico, papel y cartón generado en los citados establecimientos e inmuebles. Información que solicita con especial atención al Casco Histórico.

Además, demandan el acceso al número de personas empadronadas en los distintos distritos de la ciudad, el número de vehículos registrados, así como datos del número de vehículos que circulan por la ciudad.

De otro lado, reclaman el número de Centros de Educación pública y privada, de Centros de Día de atención a personas de la tercera edad y de Centro de Atención a la Mujer, con desglose de plazas en cada uno de ellos.

Ante tan ingente cantidad de información, el Consejo puntualiza que, probablemente, toda la documentación requerida no se encuentre en poder del Ayuntamiento, sino en entidades dependientes de él. En estos casos, la Administración local remitirá la información al órgano competente, informando al solicitante de este traslado.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3812020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo abre actuaciones previas por el posible acceso indebido de datos personales en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha abierto de oficio actuaciones previas para investigar el posible acceso indebido de datos personales en poder y bajo responsabilidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales.

Este acuerdo de la autoridad de control andaluza tiene como objetivo determinar los hechos producidos y sus circunstancias para, si fuera conveniente, tramitar un correspondiente procedimiento por infracción de la normativa de protección de datos personales.

Los datos a los que supuestamente se habría tenido acceso, de forma no autorizada, comprenden documentación de diversa índole, desde expedientes relacionados con el Área de Urbanismo, documentos del Registro Municipal e informes de Intervención, entre otros.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

 

 

El Consejo, nuevo miembro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido acreditado como nuevo miembro de la Red Iberomericana de Protección de Datos (RIPD), credencial acordada por el Comité Ejecutivo de esta institución, celebrado el pasado 8 de octubre. Este foro, surgido en 2003 y del que forman parte actores del sector público y privado, desarrolla iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos.

Su objetivo también se centra en promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales, teniendo en cuenta la necesidad del continuo flujo de datos entre países que tienen vínculos en común.

El Consejo, por tanto, ya es parte integrante de esta Red, en la que están presentes otras instituciones españolas como la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos.

A partir de ahora la autoridad de control andaluza participará en el proceso de elección de la Presidencia de la Red, aprobará la solicitud de admisión de nuevos miembros, asistirá con voz y voto a las Sesiones Cerradas que se celebren, realizando las tareas que se le encomienden, e intervendrá en encuentros, seminarios y otras actividades que se desarrollen, entre otras funciones.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.