El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inicia un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Camas por incumplimiento del RGPD

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha decidido comenzar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento de Camas, ubicado en la provincia de Sevilla, debido a la falta de un delegado de protección de datos designado, según informa una resolución emitida el pasado 3 de marzo. Este cargo es obligatorio según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La resolución se produce tras una reclamación interpuesta en contra del Ayuntamiento, que denuncia un posible incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. La figura del delegado de protección de datos es crucial en la garantía del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos y en la supervisión de las actividades relacionadas con el tratamiento de datos personales.

Por su parte, el Ayuntamiento de Camas ha informado que, en sus últimos tres proyectos presupuestarios, se contempló la contratación de una persona encargada de asumir las funciones de delegado de protección de datos. Actualmente, el consistorio se encuentra en proceso de licitación para la contratación de dicho profesional, habiendo enfrentado ciertos contratiempos en el ámbito administrativo.

El procedimiento que enfrenta el Ayuntamiento de Camas es un recordatorio de la importancia de cumplir con las normativas de protección de datos y de la responsabilidad que recae en las instituciones públicas para garantizar la seguridad y privacidad de la información de los ciudadanos. Es fundamental que las instituciones responsables de la protección de datos personales garanticen el cumplimiento de las regulaciones, a fin de proteger la privacidad y los derechos de los ciudadanos.

Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles acerca de las acciones que tomará el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en relación al caso del Ayuntamiento de Camas.