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La AEPD publica su primera Memoria de Responsabilidad Social

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó ayer su primera Memoria de Responsabilidad Social, en la que se abordan los avances y retos de sostenibilidad que tiene la Agencia desde las perspectivas económica, social y ambiental, con especial compromiso en garantizar este derecho fundamental.

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FUENTE: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

La notificación de quiebras de seguridad se triplica en 2019, consolidando la obligación establecida por el Reglamento

La Agencia Española de Protección de Datos publica su Memoria 2019, que recoge en detalle las actividades realizadas por este organismo en todas sus áreas, un análisis de las tendencias más relevantes y una exposición y valoración de los retos presentes y futuros.

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Publicada la Memoria de la AEPD 2018

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado su Memoria 2018, que recoge de forma exhaustiva las actividades realizadas por esta institución, las cifras de gestión, las tendencias destacadas, las decisiones y procedimientos más relevantes del año, y un análisis de los retos presentes y futuros. La publicación de esta Memoria coincide con el primer año de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ha supuesto un cambio sustancial para la protección de datos en varios niveles, introduciendo novedades tanto en los derechos de los ciudadanos como en la forma de tratar los datos personales por parte de las organizaciones.

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FUENTE: AEPD

Los ciudadanos presentaron ante la Agencia Española de Protección de Datos más de 12.000 reclamaciones durante 2014

La AEPD ha publicado su Memoria 2014, que refleja un incremento del 15% en el número de reclamaciones y denuncias presentadas. La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad y las cuestiones relativas al recobro de deudas centraron la mayor parte de las denuncias.

  • La AEPD respondió en 2014 a casi 200.000 consultas planteadas por la ciudadanía
  • El sector en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, seguido de las entidades financieras y las empresas de suministro y comercialización de agua y energía
  • En las reclamaciones de ‘derecho al olvido’ frente a buscadores la Audiencia Nacional ha confirmado los criterios de la Agencia en más de un 93

Madrid, 30 de junio de 2015. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria 2014, que recoge un informe detallado de las actividades realizadas por este organismo, una exposición de las novedades legislativas y jurisprudenciales más relevantes y un análisis de los principales retos que afronta el derecho fundamental a la protección de los datos personales.

El análisis de la actividad anual refleja un incremento en el número de reclamaciones y denuncias presentadas ante la Agencia, registrándose un incremento total de casi un 15% y alcanzando la cifra de 12.173 peticiones realizadas en 2014 frente a las 10.604 de 2013. De ellas, 10.074 (+17.04%) se corresponden con denuncias y 2.099 (+5,11%) con reclamaciones para que la Agencia tutele sus derechos. El nuevo incremento producido en 2014, que se suma a los de años anteriores, supone la constatación de que los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos. Así, en los últimos cuatro años se ha producido un crecimiento del 81,6% en el número de reclamaciones presentadas.

La videovigilancia, la contratación fraudulenta, la inclusión en ficheros de morosidad, las cuestiones relativas al recobro de deudas y las comunicaciones comerciales centran la mayor parte parte de las denuncias que se plantearon ante la Agencia en 2014. A su vez, de las casi 100.000 consultas que han realizado los ciudadanos a través de la web de la Agencia, más de un 12% han estado relacionadas con ficheros de solvencia y recobro de deudas. Estas inquietudes se relacionan indudablemente con un entorno de crisis económica, con las importantes consecuencias negativas que supone la inclusión en este tipo de ficheros y con la incorporación indebida a los mismos de personas víctimas de suplantación en la contratación de servicios básicos como agua o energía.

En lo relativo a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de ciudadanos que acudieron a la Agencia reclamando latutela de sus derechos -que previamente lo habían ejercitado ante el responsable del tratamiento y este los había denegado o no había respondido- ocupan el primer lugar los procedimientos de cancelación (1.047) seguidos, por este orden, de los referentes al acceso (599), oposición (136) y rectificación (86). Estas cifras ponen de manifiesto la creciente preocupación de los ciudadanos por conseguir que quienes tratan ilegítimamente su información personal dejen de hacerlo.

Como se ha mencionado en memorias anteriores, los ciudadanos en España han sido pioneros en ejercitar el denominado “derecho al olvido” (derechos de cancelación y oposición) para evitar la difusión universal, permanente e indiscriminada de sus datos personales en internet. En este sentido, debe subrayarse la indudable trascendencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 (Google Spain e Inc. vs. AEPD, Mario Costeja) que reconoce, como ya venía aplicando la Agencia en sus resoluciones, que los buscadores de internet realizan un tratamiento de datos del que son responsables y que las personas tienen derecho a solicitarles, con las condiciones establecidas en la Directiva de protección de datos, que los enlaces a sus datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet realizada por su nombre.

Los efectos de la sentencia, que se comentan en detalle en varios apartados de la Memoria, también se han hecho notar en el número de reclamaciones presentadas ante la Agencia. Así, de las 210 presentadas frente a buscadores en 2014, el 83,33% de ellas (175) fueron presentadas tras la sentencia del TJUE.

Como consecuencia de la aplicación de la misma por parte de la Audiencia Nacional, esta ha dictado 35 sentencias en 2014, desestimando en 24 de ellas los recursos interpuestos por Google contra resoluciones de la Agencia. Debe tenerse en cuenta que se ha producido el desistimiento por parte del buscador en 136 recursos planteados ante la AN, confirmándose por tanto las resoluciones de la Agencia en un 93,6%. En 2015, ya fuera del ámbito de esta Memoria, la AN ha dictado 37 sentencias más, confirmando los criterios de la Agencia en otros 29 casos.

En cuanto a la resolución de las denuncias y reclamaciones interpuestas por los ciudadanos, en el periodo que recoge esta Memoria se ha producido un crecimiento de 4,48% (11.222 frente a 10.741 en 2013). El ejercicio de la potestad sancionadora se ha incrementado en un 10,92%, si bien el volumen total de las sanciones económicas impuestas en 2014 ha disminuido un 23,89% (17.002.622 euros) con respecto a 2013, a pesar del incremento (1,04%) en el número de sanciones económicas. Ello es consecuencia de una disminución  (-5,37%) en el número de sanciones graves declaradas y de la aplicación de los criterios de moderación y atenuación previstos en la LOPD (66,50%). En cuanto a la distribución de estas, manteniendo la tendencia de años anteriores y a pesar de la disminución en cuantía respecto a 2013, el sector de actividad en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, con un importe total de 10.750.502 euros, suponiendo más de un 63,23% del volumen total de las declaradas en 2014. El segundo lugar lo ocupan las entidades financieras (2.018.501 euros), seguidas de las empresas de suministro y comercialización de energía/agua (1.862.900 euros). El sector de la publicidad y las comunicaciones electrónicas comerciales (spam) ocupan el cuarto y quinto puesto respectivamente (751.411 y 645.506 euros) en los sectores más sancionados.

En lo referente a las resoluciones de procedimientos de apercibimiento del sector privado (en los que se declara infracción pero no se impone sanción económica) estos han recaído mayoritariamente en la actividad de videovigilancia (55,87%) debido a que frecuentemente los denunciados son particulares y pymes, ámbitos en los que procede aplicar los criterios de disminución de culpabilidad y antijuridicidad exigidos en la LOPD así como el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente. A gran distancia se encuentran los servicios de internet (10,79%).

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2013 se ha producido una disminución de un 10,53% en el número de infracciones declaradas, si bien se ha producido un incremento del 3,45% en los procedimientos resueltos.

En 2014 se atendieron casi 200.000 consultas planteadas por la ciudadanía a través de diferentes canales, de las que 94.821 corresponden a las planteadas a través de los canales tradicionales, 97.854 mediante la consulta al catálogo de preguntas frecuentes y 5.703 a través de la Sede electrónica. Mientras que el volumen de consultas a través de los canales tradicionales ha experimentado una ligera disminución (-3,71%) con respecto a 2013, las realizadas a través de la Sede electrónica han aumentado un 22,99%, manteniéndose estable el volumen de consultas realizadas a través de las preguntas frecuentes. Estos datos ponen de manifiesto la creciente aceptación de los ciudadanos por mantenerse en contacto con la Administración utilizando los servicios electrónicos.

Uno de los indicadores utilizados habitualmente para evaluar el nivel de conocimiento de la LOPD ha sido la inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos por parte de los sujetos obligados. El año 2014 finalizó con más de 3,7 millones de ficheros inscritos, cifra que supone un incremento de un 11% respecto al cierre del año anterior. De ellos, 3.594.106 ficheros son de titularidad privada (95,92%) y 152.824 de titularidad pública (4,07%).

El gabinete jurídico de la AEPD emitió el pasado año un total de 528 informes en los que dio respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas (334) como por entidades privadas (194), con un incremento global del 8%. Por otro lado, en 2014 fueron informadas 157 disposiciones de carácter general (proyectos y anteproyectos), lo que supone un máximo en el número de disposiciones sujetas a informe, con un incremento del 13% respecto del ejercicio anterior y un aumento acumulado del 64% en relación con las cifras de 2012. En cuanto a las sentencias de la Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD, del total de 236 sentencias, un 76% confirmaron los criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto, incrementándose en cuatro puntos porcentuales sobre las del año 2013.

La Memoria de la AEPD incluye también un análisis detallado de los retos más relevantes que afronta la protección de datos. Con un volumen de información que crece de forma exponencial y unas capacidades técnicas de tratamiento que se multiplican, fenómenos como el Big Data o el Internet de las Cosas acrecientan los riesgos de que los individuos pierdan el control sobre su información. Estos son algunos de los temas que se analizan de forma exhaustiva en el documento, en el que también se dedica un amplio espacio a los nuevos enfoques proactivos en materia de protección de datos.

En cuanto a los marcos supranacionales, el texto describe los avances en el proceso de aprobación del Reglamento europeoademás de detallar, entre otras materias, la participación de la Agencia en diferentes grupos, la actividad coordinada y los documentos más relevantes realizados de forma conjunta por las Autoridades europeas de protección de datos o los trabajos realizados dentro de la Red Iberoamericana.

MEMORIA

NOTA DE PRENSA

Sevilla es la cuarta ciudad española con más denuncias en materia de protección de datos

Un total de 370 denuncias fueron presentadas en el año 2013 en Sevilla relacionadas con la vulneración de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, según ha publicado la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos, una cifra sólo superada por Madrid (1.929), Barcelona (626) y Valencia (412).

En cuanto a los ámbitos de actividad con mayor número de actuaciones de investigación, en primer lugar se encuentra el sector de las telecomunicaciones (2.256 actuaciones previas iniciadas) seguido de las entidades financieras (1.566) y de la videovigilancia (918).

En lo relativo a las solicitudes de ciudadanos que acudieron a la Agencia recabando la tutela de sus derechos ocupan el primer lugar las solicitudes de cancelación, seguidas de las referentes al acceso. El mayor conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos consolida al alza la relevancia que estos otorgan a la cancelación de sus datos, cuya solicitud se incrementa un 8% respecto a 2012.

En paralelo, los ciudadanos en España han sido pioneros en el ejercicio del denominado derecho al olvido para evitar la difusión universal y permanente de sus datos en Internet. En 2013 se aprecia una consolidación del número de reclamaciones recibidas (184).

En cuanto al volumen total de las sanciones económicas declaradas en 2013, este creció un 6,10% (22.339.440 euros). Cabe destacar que en casi el 84% de los casos se han aplicado los criterios de moderación y atenuación de sanción previstos en la LOPD. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en un solo procedimiento se declararon tres infracciones, imponiéndose una sanción de 900.000 euros.

El sector de actividad en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, con un importe total de 15.035.008 euros, suponiendo más de un 67% del volumen total de las sanciones declaradas en 2013. Resulta relevante señalar que el sector de suministro y comercialización de agua y energía ha pasado a ocupar el segundo lugar en cuanto a volumen de sanciones con un importe de 2.084.901 euros, superando a la actividad de las entidades financieras (1.811.501 euros), que ocupa en 2013 el tercer lugar.

En cuanto a las resoluciones de procedimientos de apercibimiento (en los que se declara la infracción pero no se impone sanción económica) estos han recaído mayoritariamente en la actividad de videovigilancia (59,82%) debido a que frecuentemente los denunciados son particulares y pymes, ámbitos en los que procede aplicar los criterios de disminución de culpabilidad y antijuridicidad exigidos en la LOPD así como el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente. A gran distancia se encuentran los servicios de ,internet (8,68%).

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2013 se ha producido un incremento de un 42,50% en el número de infracciones declaradas. Este incremento se debe, en parte, a que la AEPD ha tenido que asumir íntegramente las competencias de la extinta Agencia de la Comunidad de Madrid, suprimida el 31 de diciembre de 2012, que tramitaba los procedimientos de los organismos públicos madrileños.

La Asociación Andaluza de Comercio Electrónico lanza una campaña para combatir el spam

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Memoria de la AEPD de 2.008

Pedro | 17 Abril 2009

El día 15 de abril de 2.009 fueron presentados los datos de la Memoria de la AEPD de 2.008. De ésta destacamos lo siguiente:

  • Las reclamaciones ante la AEPD se incrementaron en más del 45% en 2008.
  • El número de hechos denunciados ante la AEPD (junto con las investigaciones iniciadas de oficio) alcanzó la cifra de 2.362.
  • La AEPD resolvió en 2008 un total de 630 procedimientos sancionadores, casi un 58% más que en 2007, de los cuales 535 culminaron con la imposición de sanción.
  • Las multas impuestas ascendieron hasta los 22,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 15% respecto al año anterior.
  • En 2008 se atendieron 1.229 tutelas de derechos, registrándose un incremento del 44% respecto al año 2007.
  • El número de consultas planteadas al Servicio de Atención al Ciudadano experimenta un incremento del 52,17% en 2008.
  • La publicidad telefónica y la inclusión en listas de morosidad, entre las principales inquietudes de los ciudadanos.
  • Los mayores incrementos en la inscripción de bases de datos se producen en la videovigilancia alcanzando una cifra total de 15.510 ficheros.
  • Internet y videovigilancia se perfilan como los principales retos para la defensa de la privacidad de los ciudadanos. 
     

El director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, presentó la Memoria correspondiente a 2008. En su intervención, destacó que en el ejercicio 2008 el número de hechos denunciados ante la AEPD (junto con las investigaciones iniciadas de oficio) se incrementó en más del 45%, alcanzando la cifra de 2.362. Por sectores de actividad con mayor número de reclamaciones, destacan las telecomunicaciones y el sector de las entidades financieras, con 454 y 382 actuaciones de inspección iniciadas respectivamente (principalmente por la inclusión en ficheros de solvencia patrimonial y de crédito y por contratación fraudulenta de servicios). En el tercer lugar de las reclamaciones se sitúa la videovigilancia, que continúa su ascenso imparable: si en 2007 se contabilizaron 123 investigaciones, en 2008 se han triplicado hasta llegar a 365.

La Memoria recoge, asimismo, que los procedimientos sancionadores subieron casi un 58% con respecto a 2007, con un total de 630, de los cuales 535 culminaron con la imposición de una sanción. Los sectores que más sanciones acumulan son el de las telecomunicaciones (con 190 sanciones), el financiero (con 111), y el de las comunicaciones electrónicas comerciales y spam (con 39). En el cuarto lugar se encuentra el sector del comercio, transporte y hostelería (con 31), al que sigue la videovigilancia (con 27).

Las multas impuestas por la AEPD ascendieron hasta los 22,6 millones de euros, lo que supone un incremento de un 15% respecto al año anterior. En función de la gravedad de las sanciones, el 75% de las mismas fueron graves, el 18% leves y el 7% muy graves.

Por lo que se refiere a los procedimientos resueltos de declaraciones de infracción cometidas por las Administraciones Públicas, hay que resaltar la subida de casi un 20% respecto al año anterior, pasando de 66 a 79. De todos estos procedimientos resueltos en 2008, un total de 59 acabaron con una declaración de infracción. Entre las principales infracciones declaradas a las Administraciones públicas destacan el hallazgo en la vía pública de documentación procedente de Administración Central y Local y difusión en Internet de datos personales.

En cuanto al ejercicio de derechos y consultas ciudadanas, las tutelas de derechos continúan la senda del incremento, situándose en 1.229 el número de tutelas atendidas durante 2008 y registrándose un incremento del 44% respecto al año 2007. De nuevo, las tutelas se han concentrado en los derechos de cancelación (que con 859 resoluciones representa el 70% del total) y de acceso (con 277, lo que supone un 22,5%). Rallo destacó el hecho de que las resoluciones estimatorias de las reclamaciones de los ciudadanos han crecido un 10%. Debe advertirse que estos datos se encuentran condicionados por el importante volumen de reclamaciones sobre el ejercicio del derecho de cancelación en Libros-Registro de la Iglesia Católica. En 2008 las resoluciones de tutelas de derechos en este ámbito supusieron el 42% del total de las tutelas resueltas. Es significativo el incremento de solicitudes de tutela de derechos relacionadas con la generalización de las prestaciones y uso de los buscadores en Internet, ya que permiten el acceso de cualquiera a datos personales que con anterioridad eran difícilmente localizables. La Agencia recibió 18 reclamaciones durante 2008, frente a las 3 recibidas en 2007. Según recoge la Memoria, las solicitudes de cancelación de los ciudadanos se refirieron principalmente a inclusión por entidades financieras en ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito, la supresión de datos una vez concluida la prestación de los servicios contratados con operadores de telecomunicaciones, la supresión de antecedentes policiales, penales y penitenciarios o la cancelación de datos que figuran en historial clínico. Respecto al derecho de acceso, las principales reclamaciones tuvieron relación con la valoración de solvencia económica realizada por entidades financieras o imágenes tomadas por cámaras de videovigilancia.

Otro de los datos destacados de la Memoria es el que hace referencia al número de consultas planteadas al Servicio de Atención al Ciudadano, que se incrementó en un 52,17% en 2008 hasta alcanzar las 72.650. Entre las principales inquietudes de los ciudadanos se encuentran la de cómo evitar el envío de publicidad o el acoso por fax o SMS, la legalidad de ser incluido en un fichero de morosidad, cómo conseguir la baja en estos ficheros o si es legal que una tercera empresa reclame una deuda en nombre de otra.

La inscripción de ficheros sigue con el ascenso progresivo que viene experimentando en los últimos años. Así, la Memoria recoge que en 2008 se inscribieron 250.313 nuevos ficheros con datos de carácter personal, alcanzándose la cifra total de 1.267.579 (1.182.496 privados y 85.083 públicos). Por lo que se refiere a las finalidades de los ficheros inscritos a lo largo de 2008, los mayores incrementos en la inscripción se producen nuevamente en ficheros con fines de videovigilancia: Los ficheros de videovigilancia inscritos en el RGPD en 2008 han duplicado a los de 2007, si en 2007 se inscribieron 5.012 ficheros, en 2008 fueron 9.604, alcanzando una cifra total de 15.510. El 98,1% de ellos son de titularidad privada y el 1,9% de titularidad pública. También destacan en cuanto a mayor volumen de ficheros inscritos la gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa, seguidos de los ficheros de recursos humanos y los de gestión de nóminas.

Con carácter general, la comunidad autónoma con mayor número de ficheros inscritos es Cataluña (276.286 ficheros), seguida de Madrid (189.408) y Andalucía (137.010). En respuesta a las consultas formuladas por órganos de las Administraciones Públicas y entidades privadas, el número de informes jurídicos emitidos ascendió a un total de 690 informes. Entre las materias de estas consultas planteadas cabe destacar que 255 se referían a la cesión de datos personales, mientras que 142 iban referidas al deber de informar. Además, el gabinete jurídico emitió un total de 79 informes preceptivos de disposiciones generales.

Asimismo, se recogen las cifras respecto de los recursos interpuestos contra resoluciones de la AEPD ante la Audiencia Nacional, de las que 166 fueron desestimadas -de un total de 229- ratificando así el criterio de la Agencia. El Tribunal Supremo, por su parte, vino a ratificar todas las resoluciones de la Agencia excepto las relativas a Libros de Bautismo de la Iglesia Católica. En este sentido, declaró en 9 sentencias haber lugar a los recursos interpuestos contra sentencias que confirmaban las resoluciones de la Agencia, referidas al derecho de cancelación en los Libros de Bautismo de la Iglesia Católica. También declaró no haber lugar al recurso interpuesto contra sentencias que confirmaban las resoluciones de la Agencia en 8 ocasiones.

Para el director de la AEPD, 2008 ha supuesto la constatación de la existencia de grandes retos para la defensa de la privacidad de los ciudadanos, como Internet y la videovigilancia. Respecto al primero, la Memoria de 2008 destaca que la Agencia resolvió los dos primeros procedimientos sancionadores por captación de imágenes sin consentimiento y su posterior difusión a través del portal de vídeos “You Tube”. Asimismo, han continuado planteándose denuncias sobre difusión de datos personales de diversa naturaleza a través a través de sistemas P2P, como el programa e-mule. En 2008 concluyeron por esta práctica 3 procedimientos de infracción de Administraciones Públicas y 14 procedimientos sancionadores a entidades privados. También en 2008 ha sido significativo el incremento de reclamaciones relacionadas con los buscadores en Internet. El binomio menores-Internet ha sido igualmente objeto de análisis permanente por parte de la Agencia. La AEPD ha resuelto en 2008 un primer caso de tratamiento ilícito de datos de un menor sin verificación previa de su edad, que culminó con la imposición de una sanción ante la falta de diligencia en la comprobación de la edad. En este sentido, la Memoria 2008 incluye una recomendación encaminada a impulsar un acuerdo para la implantación de mecanismos efectivos de comprobación de la edad de los menores de catorce años, que impidan que los menores contraten o utilicen servicios propios de adultos sin el consentimiento de sus padres. Respecto a la videovigilancia, los datos de 2008 apuntan nítidamente a que se trata de un fenómeno imparable. Los ficheros de videovigilancia inscritos en el RGPD en 2008 han duplicado a los de 2007. Asimismo, la videovigilancia se sitúa en el tercer lugar de los sectores inspeccionados.