El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado a la Diputación Provincial de Málaga a facilitar las dotaciones económicas anuales otorgadas a los grupos políticos, con la justificación y las facturas incluidas del destino del dinero público percibido, así como el documento que acredite la entrega de esta asignación a cada formación.

La información de naturaleza económica tiene una “innegable” relevancia pública y es “incuestionable” que todo lo relativo a la recaudación de recursos por parte de los poderes públicos es eje central de la legislación en materia de transparencia. “Resulta del máximo interés para la opinión pública la divulgación de datos relativos a las decisiones de gasto tomadas por las administraciones”, subraya la autoridad de control andaluza.

Además, las asignaciones destinadas al desarrollo de la actividad de los grupos políticos se consideran obligaciones de publicidad activa, puesto que se identifican como subvenciones, por lo que han de publicarse en la sede electrónica, portal o página web de cada entidad local. No obstante, cualquier ciudadano puede solicitar esa información o bien una ampliación de la misma ejerciendo su derecho de acceso, como ha sucedido en este caso.

Una persona reclamó las cantidades percibidas por cada grupo desde 2015 a 2019, de modo que la Diputación -que no alegó ningún límite ni inadmisión para no entregar la información- debe facilitarle los datos sobre tales cantidades que tenga almacenados en sus archivos informatizados, previa anonimización de los datos de carácter personal de terceras personas físicas que pudiera contener la documentación.

En relación al desglose anual del gasto y su justificación, con facturas incluidas, el Consejo rechaza el argumento de Diputación que remite al Tribunal de Cuentas la obligación de proporcionar la información. Las entidades supramunicipales, que integran la Administración local, están incluidas en la Ley de Transparencia y tienen la obligación de facilitar la información que obre en su poder.

De la misma forma, el Consejo remarca que los grupos políticos no son entidades independientes de las diputaciones, no cuentan con personalidad jurídica propia, sino que son integrantes de la propia organización de la entidad local y, por tanto, corresponde a la Diputación atender la petición de información.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3792020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a facilitar a la ‘Plataforma por una Gavidia Pública’ información sobre el número de hoteles, hostales, pisos turísticos, plazas de hospedaje de la ciudad, así como documentación relativa a Centros de Educación, de Día y de Atención a la Mujer, datos relacionados con el cambio de calificación en el PGOU de la parcela de la antigua Comisaría de la Gavidia.

La Asociación se dirigió al Consejo tras no obtener respuesta por parte del Consistorio, circunstancia que también se ha producido cuando la autoridad de control le ha requerido el informe y expediente de la citada petición de información. En este sentido, el Consejo subraya que “la falta de colaboración” en la tramitación de una reclamación puede constituir una infracción, tal y como queda recogido en el régimen sancionador de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía.

El colectivo ha solicitado al Ayuntamiento una extensa y variada información que, en su mayoría, es de carácter público. “El acceso a la información es un verdadero derecho y la denegación o limitación del acceso es una excepción”, defiende el Consejo, criterio que es compartido por los diferentes órganos jurisdiccionales, tal y como se evidencia en múltiples sentencias.

En concreto, la Plataforma ha pedido el número de hoteles, hostales, inmuebles y pisos turísticos, legalmente abiertos, en funcionamiento, proyectados, ya autorizados o en trámite de autorización o de licencias administrativas. También ha reclamado el número de plazas a efectos de hospedaje de la ciudad, el consumo de agua, electricidad, basura, vidrio, plástico, papel y cartón generado en los citados establecimientos e inmuebles. Información que solicita con especial atención al Casco Histórico.

Además, demandan el acceso al número de personas empadronadas en los distintos distritos de la ciudad, el número de vehículos registrados, así como datos del número de vehículos que circulan por la ciudad.

De otro lado, reclaman el número de Centros de Educación pública y privada, de Centros de Día de atención a personas de la tercera edad y de Centro de Atención a la Mujer, con desglose de plazas en cada uno de ellos.

Ante tan ingente cantidad de información, el Consejo puntualiza que, probablemente, toda la documentación requerida no se encuentre en poder del Ayuntamiento, sino en entidades dependientes de él. En estos casos, la Administración local remitirá la información al órgano competente, informando al solicitante de este traslado.

Consulta la resolución: https://www.ctpdandalucia.es/buscar-resoluciones-sobre-reclamaciones/res-3812020

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha sido acreditado como nuevo miembro de la Red Iberomericana de Protección de Datos (RIPD), credencial acordada por el Comité Ejecutivo de esta institución, celebrado el pasado 8 de octubre. Este foro, surgido en 2003 y del que forman parte actores del sector público y privado, desarrolla iniciativas y proyectos relacionados con la protección de datos personales en Iberoamérica, con la finalidad de fomentar, mantener y fortalecer un estrecho y permanente intercambio de información, experiencias y conocimientos entre ellos.

Su objetivo también se centra en promover los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la protección de datos personales, teniendo en cuenta la necesidad del continuo flujo de datos entre países que tienen vínculos en común.

El Consejo, por tanto, ya es parte integrante de esta Red, en la que están presentes otras instituciones españolas como la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana de Protección de Datos y la Agencia Vasca de Protección de Datos.

A partir de ahora la autoridad de control andaluza participará en el proceso de elección de la Presidencia de la Red, aprobará la solicitud de admisión de nuevos miembros, asistirá con voz y voto a las Sesiones Cerradas que se celebren, realizando las tareas que se le encomienden, e intervendrá en encuentros, seminarios y otras actividades que se desarrollen, entre otras funciones.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha iniciado una campaña informativa con aquellos ayuntamientos de Andalucía que aún no cuentan con Delegados de Protección de Datos (DPD) o bien no lo han comunicado oficialmente, para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

Esta norma señala al DPD como “elemento clave” para apoyar a los responsables de tratamientos de datos personales en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, al realizar labores de asesoramiento y supervisión además de atender a las personas interesadas en relación con las cuestiones que puedan plantear sobre dichos tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Además de la designación, tanto el citado Reglamento como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales obliga a comunicar a la autoridad de control los datos de contacto del DPD, siendo en este caso el Consejo la institución a la que debe trasladarse esta información.

Para cumplir dicha obligación, la autoridad de control andaluza tiene en su página web (https://www.ctpdandalucia.es/ventanillaelectronica), a disposición de los ayuntamien­tos, un formulario que recoge los datos necesarios para el registro del DPD, así como las instrucciones para su presentación.

El órgano de control andaluz dispone, además, de una dirección de correo electrónico (registro.dpd.ctpda@juntadeandalucia.es) donde los entes locales pueden realizar consultas relacionadas con la descarga, cumplimentación o presentación del formulario.

Por otra parte, el Consejo recuerda también que el responsable del tratamiento debe publicar los datos de contacto del DPD en su página web para facilitar la realización de consultas de todas aquellas personas interesadas en obtener información sobre los tratamientos y el ejercicio de sus derechos.

Aunque la campaña iniciada por el Consejo está dirigida a los ayuntamientos, la obligación de disponer de DPD es extensiva, en general, a todos los responsables de tratamiento de organismos públicos y a las entidades incluidas en el artículo 34 de la mencionada Ley Orgánica.

Como resultado de esta campaña, se espera que se incremente de modo notable el porcentaje de municipios que ya han comunicado a la autoridad de control su designación de DPD y que en la actualidad es del 59%.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha resuelto en el primer semestre del año un total de 568 reclamaciones de derecho de acceso a información pública, la mayor cifra alcanzada desde su creación en 2016. Estos datos, fruto del esfuerzo de los empleados públicos y del trabajo consolidado por la anterior Dirección, demuestran la buena marcha de la entidad.

Por lo que respecta a las reclamaciones recibidas, fueron un total de 388 en el primer semestre, concentrando en el primer trimestre 257, el mayor número de reclamaciones presentadas hasta la fecha de la constitución de la autoridad de control en los tres primeros meses del año.

Estos datos los ha dado a conocer el director del Consejo, Jesús Jiménez, durante la celebración de la sesión de la Comisión Consultiva que ha analizado las cifras de ese periodo, destacando la importancia de estos dos “hitos” y el conocimiento por parte de la ciudadanía del órgano de control. En este periodo se han registrado un total de 679 asuntos y se han dictado 690 resoluciones (Derecho de acceso a la información pública, Publicidad Activa y Protección de Datos).

Con respecto a la publicidad activa, se presentaron un total de 36 denuncias, correspondiendo la mayoría a entidades locales, seguidas de universidades públicas, corporaciones de derecho público y Junta de Andalucía. En este periodo se resolvieron un total de 100 denuncias.

Protección de datos

La gestión en el primer semestre del año en protección de datos refleja la tendencia en la consolidación de la autoridad de control en esta materia, contribuyendo a ello el incremento de las reclamaciones recibidas, el aumento de comunicaciones sobre nombramiento de Delegados de Protección de Datos y el importante número de consultas.

En relación con las reclamaciones por vulneración de la normativa de protección de datos, se han presentado un total de 75. El 30% de los casos responde a reclamaciones por inadecuada atención al ejercicio de derechos (la mayoría vinculadas a la historia clínica) y el 70% restante a otras reclamaciones (la mayor parte referida a la divulgación indebida de datos personales).

De otro lado, se resolvieron un total de 22 reclamaciones sobre ejercicio de derechos, cifra que triplicando las realizadas en el año anterior (7). La mayoría de las resoluciones son estimatorias en relación con las pretensiones de la persona reclamante.

En cuanto a las obligadas comunicaciones de Delegado de Protección de Datos, se recibieron un total de 137, lo que supuso superar en el semestre las comunicaciones del pasado año (114). Esta cifra es el resultado de la campaña informativa puesta en marcha por el Consejo entre las entidades locales para recordarles la obligatoriedad de contar con esta figura en su administraciones, exigencia fijada en el Reglamento General de Protección de Datos.

De la misma forma, continúa el incremento de consultas al Consejo, de forma especialmente significada las procedentes de vía telefónica. En este periodo se atendieron un total de 144, frente a las 119 del año anterior.

El Consejo

El Consejo es la autoridad independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, creado por la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía. Posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

Su objetivo se centra, por un lado, en velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como a la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública y, por otra, controlar el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales por parte del sector público andaluz.