Un total de 370 denuncias fueron presentadas en el año 2013 en Sevilla relacionadas con la vulneración de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, según ha publicado la memoria de la Agencia Española de Protección de Datos, una cifra sólo superada por Madrid (1.929), Barcelona (626) y Valencia (412).

En cuanto a los ámbitos de actividad con mayor número de actuaciones de investigación, en primer lugar se encuentra el sector de las telecomunicaciones (2.256 actuaciones previas iniciadas) seguido de las entidades financieras (1.566) y de la videovigilancia (918).

En lo relativo a las solicitudes de ciudadanos que acudieron a la Agencia recabando la tutela de sus derechos ocupan el primer lugar las solicitudes de cancelación, seguidas de las referentes al acceso. El mayor conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos consolida al alza la relevancia que estos otorgan a la cancelación de sus datos, cuya solicitud se incrementa un 8% respecto a 2012.

En paralelo, los ciudadanos en España han sido pioneros en el ejercicio del denominado derecho al olvido para evitar la difusión universal y permanente de sus datos en Internet. En 2013 se aprecia una consolidación del número de reclamaciones recibidas (184).

En cuanto al volumen total de las sanciones económicas declaradas en 2013, este creció un 6,10% (22.339.440 euros). Cabe destacar que en casi el 84% de los casos se han aplicado los criterios de moderación y atenuación de sanción previstos en la LOPD. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en un solo procedimiento se declararon tres infracciones, imponiéndose una sanción de 900.000 euros.

El sector de actividad en el que se ha declarado un mayor volumen de sanciones ha sido el de las telecomunicaciones, con un importe total de 15.035.008 euros, suponiendo más de un 67% del volumen total de las sanciones declaradas en 2013. Resulta relevante señalar que el sector de suministro y comercialización de agua y energía ha pasado a ocupar el segundo lugar en cuanto a volumen de sanciones con un importe de 2.084.901 euros, superando a la actividad de las entidades financieras (1.811.501 euros), que ocupa en 2013 el tercer lugar.

En cuanto a las resoluciones de procedimientos de apercibimiento (en los que se declara la infracción pero no se impone sanción económica) estos han recaído mayoritariamente en la actividad de videovigilancia (59,82%) debido a que frecuentemente los denunciados son particulares y pymes, ámbitos en los que procede aplicar los criterios de disminución de culpabilidad y antijuridicidad exigidos en la LOPD así como el requisito de no haber sido sancionados o apercibidos previamente. A gran distancia se encuentran los servicios de ,internet (8,68%).

En el caso de las Administraciones Públicas, en 2013 se ha producido un incremento de un 42,50% en el número de infracciones declaradas. Este incremento se debe, en parte, a que la AEPD ha tenido que asumir íntegramente las competencias de la extinta Agencia de la Comunidad de Madrid, suprimida el 31 de diciembre de 2012, que tramitaba los procedimientos de los organismos públicos madrileños.