Los ministros europeos de Justicia han cerrado este lunes tras tres años de negociaciones un acuerdo político sobre el reglamento de protección de datos personales, que reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos a reclamar el borrado de información personal perjudicial y no pertinente de internet.

«Estamos ante algo muy importante, ya que el nuevo reglamento dará a todos los ciudadanos de la Unión un mayor control de todos sus datos. Ahora podrán pedir el borrado de sus datos en internet», dijo el ministro letón de Justicia, Dzintars Rascnasc, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE hasta finales de mes.

Rascnasc explicó en conferencia de prensa que esta nueva normativa «va a modernizar los principios generales y va a ofrecer un reglamento armonizado para todos los Estados de la UE». «En caso de incumplimiento todos los ciudadanos podrán presentar una queja garantizando así la protección de sus derechos», añadió.

Recordó que la norma también facilitará que las empresas puedan realizar operaciones transfronterizas y potenciará el desarrollo del mercado único.

Todos los Estados miembros, excepto Austria y Eslovenia, dieron su apoyo al texto de compromiso presentado por la presidencia letona de turno de la UE, que servirá de base para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo el próximo 24 de junio, con vistas a llegar a un acuerdo definitivo antes de finales de año. «Estamos muy satisfechos con cuál ha sido el resultado final, que ahora pasa a esos trílogos para su aprobación futura», declaró tras el acuerdo el ministro español de Justicia, Rafael Catalá.

Explicó que, además de la protección de datos y las garantías, es importante que haya un mercado de datos para las empresas, flexibilidad y que se facilite la actividad económica. El ministro afirmó que en España hay «un buen sistema de protección de datos», y explicó que durante la negociación a las partes las «ha preocupado especialmente reforzar aspectos tales como el tratamiento a los sectores más protegidos, como son los menores».

La nueva normativa tiene por objeto adaptar las reglas vigentes en la UE sobre protección de datos, que datan de 1995, a la nueva realidad de internet y las redes sociales, garantizar un mayor control de los usuarios del tratamiento de sus datos personales en la red y reducir las cargas burocráticas para las empresas por un valor de unos 2.300 millones de euros anuales.

La responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para todos los que procesen datos personales, y la obligación de notificar a la autoridad nacional de control toda violación de datos grave lo antes posible, así como de solicitar el consentimiento expreso del usuario para el procesamiento de sus datos son otras de las mejoras que introduce la reforma.

Además, los usuarios que se sientan perjudicados por el tratamiento de sus datos en internet tendrán derecho a reclamar sanciones quepodrán traducirse en multas de hasta un 2 % de la facturación anual o de un máximo de un millón de euros para la empresa que haya infringido el reglamento europeo. Estarán sujetas a estas normas todas las empresas que operen en territorio comunitario con independencia de dónde tengan su sede.

Otra de las posibilidades que ofrece la nueva normativa tiene que ver con la llamada «portabilidad de datos», que permitirá a los usuarios solicitar, por ejemplo, a Facebook que extraiga sus datos personales del sistema para trasladarlos a otra red social que consideren más segura. Una vez que las nuevas reglas entren en vigor, empresas y usuarios podrán beneficiarse también de un sistema de «ventanilla única», dirigido a facilitar la denuncia de abusos de empresas con sede extranjera en los tribunales europeos. «Vamos a darles a los ciudadanos la herramienta que necesitan para ejercer sus derechos ‘on line'», afirmó tras el acuerdo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Los ministros aceptaron sellar el acuerdo para no seguir bloqueando su tramitación tras tres años de debate en el Consejo, se mostraron críticos con diversos puntos de la propuesta aprobada hoy, como la proporcionalidad de las sanciones, la transferencia de datos a terceros países, la protección del derecho de los niños, sobre todo vinculado al derecho al olvido, y las cargas administrativas.

FUENTE: EL MUNDO