Una vecina de La Línea de la Concepción (Cádiz) deberá pagar una multa de 4.000 euros por instalar dos cámaras de video-vigilancia en su vivienda que enfocaban a la calle y captaban imágenes de la vía pública.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que condenaba a una sociedad por intromisión ilegítima en la intimidad del demandante.
Dicha sociedad era propietaria de una finca contigua a la del demandante, con servidumbre de paso a favor de esta última. La sociedad instaló dos cámaras de seguridad que eran una simple carcasa alimentada por una batería, no aptas para grabar, y con una mera función disuasoria.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no proteger la privacidad de cinco cajeras de un supermercado que fueron despedidas tras ser grabadas por una cámara oculta, cuya existencia desconocían, mientras robaban productos.
España deberá indemnizar a cada una de las demandantes, residentes en las localidades barcelonesas de Sant Celoni y Sant Pere de Vilamajor, con 4.000 euros por daños morales y entre 500 y 568,86 euros por gastos y costas.
Sin llegar al nivel de control absoluto de la distopía de George Orwell con su Gran Hermano de la novela 1984, la videovigilancia está tan presente en nuestra sociedad que no debía sorprender que también se colase en el aula de los centros educativos.
Sin embargo, la decisión del instituto público de enseñanza secundaria Joan Brudieu de la Seu d’Urgell (Lleida) de instalar cámaras de videovigilancia en una de sus aulas ante alguna situación de conflictividad ha generado un intenso debate entre la importancia de garantizar la seguridad de alumnos y profesores o salvaguardar su privacidad, imagen o intimidad.
El director del instituto Joan Brudieu de la Seu d’Urgell ordenó instalar cámaras de seguridad en un aula con una pizarra digital a petición del equipo docente ya que existe un reducido grupo de alumnos conflictivos. Desde hace años, el centro cuenta con un sistema de videovigilancia en el exterior y en los lugares comunes del instituto, como los pasillos, así como en espacios con material informático o de laboratorio.
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